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title: "Proyecto de Ley de Discapacidad: los cambios clave del Gobierno que encendieron el rechazo de familias y organizaciones"
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description: "El Ejecutivo busca implementar un reempadronamiento obligatorio con suspensión automática de beneficios, la eliminación del nomenclador de prestaciones y una \"incompatibilidad absoluta\" entre el empleo formal y las pensiones."
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# Proyecto de Ley de Discapacidad: los cambios clave del Gobierno que encendieron el rechazo de familias y organizaciones

El Poder Ejecutivo nacional ha enviado al Senado un proyecto de ley que promete sacudir los cimientos del sistema de protección social en Argentina. Bajo el título **"Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez"**, la iniciativa propone una reforma estructural de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793). Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de transparentar el sistema ante presuntas irregularidades, las organizaciones civiles y referentes legislativos denuncian lo que consideran el mayor ajuste contra el sector en décadas.

## Los ejes del conflicto: ¿Qué cambia el proyecto?

La propuesta, que lleva la firma del jefe de Gabinete, introduce modificaciones que alteran la estabilidad de miles de beneficiarios:

- **Reempadronamiento con "freno de mano":** Se establece un censo obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Quien no complete el trámite en los plazos estipulados sufrirá la **suspensión automática** del beneficio, sin mediar investigación previa.
- **Fin del Nomenclador Único:** El proyecto elimina el nomenclador que fija los aranceles de las prestaciones. Esto desregula la negociación con obras sociales y prepagas, lo que podría derivar en una fragmentación de la calidad del servicio según la capacidad de pago del usuario.
- **Eliminación de la Universalidad:** Al derogar artículos clave de la Ley 27.793, se retrotrae el sistema a un estado previo a la emergencia, eliminando la garantía de prestaciones universales y la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.

## El golpe a la inclusión laboral

Uno de los puntos más sensibles es la instauración de una **"incompatibilidad absoluta"**. De aprobarse, cualquier persona con discapacidad que acceda a un empleo formal registrado perdería automáticamente su pensión. Esta medida no solo elimina el incentivo al trabajo, sino que suprime los programas de reconocimiento para empresas que contratan a personas del sector, dinamitando los puentes de inclusión construidos en los últimos años.

## Voces en contra: "Un recorte disfrazado de burocracia"

> El Licenciado Daniel Arroyo, Diputado Nacional, calificó la medida como un intento de desfinanciamiento y una estrategia para dilatar la asistencia a los sectores más vulnerables del país.  
> ​Para Arroyo, la propuesta oficial representa un estancamiento injustificado: “Es un retroceso profundo, es absurdo lo que está haciendo el gobierno. Lleva casi tres años y quiere volver a reempadronar y a evaluar las pensiones”, señaló el legislador en **LA BRÚJULA** criticando que se utilicen las mismas herramientas de revisión que ya fracasaron anteriormente.

​Además recordó que los procesos de reempadronamiento previos estuvieron plagados de irregularidades administrativas que terminaron perjudicando a miles de personas. “Dio de baja 140.000 pensiones de las cuales 110.000 era un problema de domicilio: nunca le llegó la carta documento, nunca le llegó el telegrama a la persona”, explicó, destacando que en muchos de esos casos la Justicia debió intervenir para restituir los beneficios.

Para el legislador nacional , el objetivo del Ejecutivo no es el ordenamiento, sino el ajuste económico a través de la burocracia. “Básicamente lo que está haciendo es un recorte brutal, todo lo hace para no dar nuevas altas y para no dar las prestaciones que corresponden a las personas con discapacidad y a su familia”, denunció el entrevistado.

## Un escenario de vulnerabilidad extrema

La parálisis asistencial ya se siente en las familias. Según advierten las organizaciones, la falta de actualización de aranceles y la demora en los pagos están provocando que miles de personas pierdan el acceso a:

1. **Medicamentos críticos.**
2. **Transporte especializado.**
3. **Terapias de rehabilitación y acompañamiento.**

En medio de una disputa judicial que investiga a la ya disuelta **Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)**, el debate legislativo se perfila como una batalla clave donde se definirá si el Estado prioriza el ahorro fiscal o el derecho humano a la asistencia integral.

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