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title: "Deudores alimentarios: Catamarca integra una Red Federal de Registros y advierten sobre brechas en el acceso a la Justicia"
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description: "La ministra de la Corte de Justicia provincial, Fernanda Rosales Andreotti, detalló los alcances del convenio interjurisdiccional para extender restricciones a infractores y remarcó la necesidad de asistir a sectores vulnerables que no logran demandar judicialmente. Respecto a las estadísticas en la provincia calificó el índice de incumplimiento como moderado."
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date_published: "2026-08-24T20:13:00-03:00"
date_modified: "2026-08-24T20:20:25-03:00"
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# Deudores alimentarios: Catamarca integra una Red Federal de Registros y advierten sobre brechas en el acceso a la Justicia

Catamarca se incorporó a la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios tras la firma de un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una iniciativa que comenzó a gestionarse el año pasado a través de la Dra. Olga Amigot. La ministra de la Corte de Justicia provincial, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, explicó que el acuerdo apunta a garantizar el cumplimiento de las cuotas mediante la aplicación recíproca de sanciones entre distritos.

Según detalló la magistrada en **LA BRÚJULA** si una persona inscripta en el registro catamarqueño viaja a otra jurisdicción adherida, las prohibiciones dictadas en la provincia se mantienen plenamente vigentes, y lo mismo ocurre con los infractores foráneos que ingresen al territorio local. Esta articulación permite controlar, por ejemplo, el impedimento de ingreso a espectáculos masivos, recitales o partidos de fútbol, ofreciendo nuevas herramientas frente al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar con los hijos.

Respecto a las estadísticas en la provincia calificó el índice de incumplimiento **como moderado**, aunque aclaró que ese número solo traduce las causas que efectivamente llegan a los estrados judiciales. En ese sentido, remarcó que existe una falla de acceso y una brecha marcada tanto en las instancias de mediación como en el reclamo formal de derechos.

Para la jueza, el problema radica en la estructura socioeconómica actual. Mientras las defensorías oficiales están saturadas por la alta demanda y un sector reducido puede costear un patrocinio privado, existe una amplia franja intermedia con ingresos insuficientes que no califica para la asistencia legal pública gratuita pero tampoco dispone del dinero para pagar un abogado particular, quedando desprotegida ante la falta de cobertura jurídica.

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