El hecho investigado ocurrió en mayo de 2015 y la imputada es la numeraria policial Dagma Yazmín Moya, sindicada como autora del delito de “severidades y vejaciones ilegales agravadas por ser cometido con violencia” en perjuicio de dos mujeres.
Actualidad07 de octubre de 2025
El fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, del Distrito Este, finalizó la
investigación y elevó a juicio una causa en la que se encuentra imputada
una integrante de la Policía de la Provincia por el delito de “severidades y vejaciones”.
Durante el proceso, la defensa solicitó el sobreseimiento de la acusada
por prescripción de la acción penal, planteo al que se opusieron tanto el
Ministerio Público Fiscal como la querella. El Juzgado de Control de
Garantías N°3 rechazó el pedido y dispuso la continuidad de la causa. En
agosto pasado la causa fue enviada a juicio y se notificó a las partes.
Actualmente la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones ya que la
defensa se opuso a la elevación a juicio confirmada por el juzgado de
Control de Garantías.
El hecho
El hecho investigado ocurrió en mayo de 2015 y la imputada es la
numeraria policial Dagma Yazmín Moya, sindicada como autora del delito
de “severidades y vejaciones ilegales agravadas por ser cometido con
violencia” en perjuicio de dos mujeres.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación penal
preparatoria, el episodio ocurrió mientras las víctimas trabajaban en la
peatonal Rivadavia. Un grupo de policías, entre ellos la acusada, se
presentó en el lugar para pedirles que se retiraran. Las mujeres
manifestaron que contaban con permiso para trabajar allí, y ante la
insistencia policial, una de ellas comenzó a filmar la situación con su
teléfono celular.
Esa acción derivó en que fueran trasladadas a la Comisaría Primera, donde habrían sufrido actos de vejación y severidad. La investigación determinó
que la responsabilidad penal en Moya.
Prescripción
En mayo de este año, la defensa técnica de la imputada solicitó que se
declare prescripta la acción penal, argumentando que el plazo había
vencido en 2020 y que el proceso superó un plazo razonable.
El Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo, al considerar que el delito
imputado fue cometido en ejercicio de funciones públicas, ya que la
acusada es numeraria de la Policía de la Provincia. En consecuencia,
explicó que el plazo de prescripción se encuentra suspendido, conforme al
artículo 67 del Código Penal, que prevé esa excepción para los
funcionarios públicos que permanecen en el cargo.
Entre los elementos valorados, el informe remitido por la Jefatura de
Policía de la Provincia confirmó que Dagma Yazmín Moya continúa
prestando servicios en la fuerza, en carácter de personal de planta
permanente con el grado de Oficial Ayudante.
La querella particular también se opuso a la solicitud de prescripción
formulada por la defensa.
El fiscal sostuvo además que el trámite del proceso se desarrolló dentro
de un plazo razonable, considerando la complejidad del hecho y las
incidencias resueltas durante la investigación.
El Juzgado de Control de Garantías N°3, a cargo del juez Lucas Vaccaroni,
compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal y en su resolución,
señaló que no se acreditó la extinción de la acción penal ni la violación del
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