Francisco Arias Gibert, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, lanzó una dura advertencia sobre el nuevo proyecto de reforma laboral que ha ganado fuerza recientemente, impulsado por la diputada nacional Romina Diez. Según el especialista, la iniciativa representa una regresión histórica que vulnera derechos adquiridos por los trabajadores.
Entre los puntos más álgidos de la reforma, Arias Gibert destacó la propuesta de extender la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias. "Ese punto nos atrasa a Argentina más de 100 años", sentenció a LA BRÚJULA recordando que la jornada de 8 horas es un estándar mundial desde 1919 y ley en el país desde 1929. La reforma implementaría un "banco de horas", donde el único límite es que el trabajador tenga 12 horas de descanso, permitiendo al empleador exigir 12 horas un día y 4 al siguiente, eliminando la previsibilidad.
El letrado subrayó que esta medida va a contramano de la tendencia mundial, que avanza hacia la reducción de la jornada. "La semana pasada en Holanda se aprobó una reforma a favor de los trabajadores de 32 horas semanales", ejemplificó.
Fragmentación de vacaciones y el regreso del "ticket canasta"
Otro aspecto central del proyecto es la modificación del régimen de vacaciones. La propuesta permitiría al empleador "fragmentar las vacaciones en semanas" y otorgarlas "en cualquier momento del año", en lugar del período vacacional habitual, lo que afectaría gravemente a los trabajadores con hijos. Además, el tiempo de preaviso para comunicar las vacaciones se reduciría de 45 a solo 21 días.
En el plano salarial, la reforma habilitaría el pago de haberes mediante productividad y "salarios dinámicos", donde el trabajador debería "negociar" con su empleador una baja en su sueldo en momentos de menor productividad.
Arias Gibert alertó sobre un punto que calificó como "gravísimo": la posibilidad de que el empleador "sustituya el salario en dinero por alimentos". Esto, advirtió, significaría el regreso de los "famosos ticket canasta", pero ya no como un complemento, sino como un reemplazo directo del salario monetario.
El fin de la indemnización
La reforma también busca reemplazar la indemnización por despido arbitrario por un "fondo de cese laboral obligatorio". El abogado explicó el mecanismo: "El trabajador va a tener que pagarse solo su indemnización con un aporte mensual".
Según el especialista, estas medidas violan el "principio de progresividad" de la Constitución, que impide que las reformas sean regresivas. Sostuvo que, lejos de solucionar la informalidad, la reforma la incentiva, al igual que medidas anteriores como el DNU 70/23 y la Ley Base, que "eliminaron todas las indemnizaciones por trabajo en negro".
Finalmente, Arias Gibert concluyó que la reforma "va a perjudicar tanto a trabajadores como a empleadores". A los trabajadores porque "les va a quitar todo tipo de derecho", y a los empleadores porque, paradójicamente, "les va a resultar más caro" debido al aumento de la litigiosidad y a que el nuevo fondo de cese podría ser manejado por fondos de inversión ajenos a la relación laboral.
