El debate sobre el Régimen Penal Juvenil ha tomado una nueva temperatura social y política. La aprobación de la baja de imputabilidad a los 14 años se presenta, para muchos, como una respuesta directa al incremento de la inseguridad. Sin embargo, desde la psicología comunitaria y el derecho penal crítico, surge una pregunta incómoda: ¿Estamos solucionando el problema o simplemente adelantando la "adultización" del castigo para sectores vulnerables?
La Licenciada en Psicología, Jimena Villarreal, sostuvo en LA BRÚJULA que estas reformas suelen ser "respuestas ante el odio y la bronca social" que generan los delitos de alto impacto. Si bien la impotencia de las víctimas es legítima, la especialista advierte que la ley actual no considera al joven como un sujeto en desarrollo, sino que aplica un sistema punitivista de adultos con "algunas modificaciones".
Villarreal enfatiza que la mayoría de los jóvenes que terminan en el sistema penal provienen de contextos de pobreza extrema, donde el Estado ha fallado sistemáticamente antes de que se cometiera el delito. "El Estado fracasa porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer: intervenciones tempranas, recursos y apoyos reales en la crianza y el barrio", señaló.
Uno de los puntos más críticos del análisis jurídico-social es la infraestructura. Se cuestiona si la creación de nuevos institutos de menores responde a una necesidad de tratamiento o a intereses económicos. Según la experta, se corre el riesgo de construir "edificios vacíos de contenido" donde el tratamiento se reduce a una hora de terapia semanal, lo cual es insuficiente para transformar una vida atravesada por la violencia.
"Un joven que entra a los 14 años y sale a los 30 después de una pena máxima, ¿en qué condiciones vuelve a la sociedad si solo recibió encierro?", cuestiona el debate.
Desde una mirada técnica, es fundamental distinguir entre responsabilidad penal (que el joven se haga cargo de sus actos) y la condena como mero castigo. El sistema actual es señalado por ignorar las redes delictivas mayores: "Hay barrios donde la delincuencia es organizada por adultos que usan a los chicos. El Estado condena al eslabón más débil mientras las estructuras criminales permanecen intactas", se argumentó en el foro.
La conclusión de los especialistas es clara: la justicia no puede ser una entidad aislada de la realidad sociocultural. Para que exista una verdadera reinserción, se requiere:
Profesionalización: Equipos técnicos con formación específica y experiencia, no solo voluntad o cargos políticos.
Financiamiento consistente: Recursos reales para programas de cambio de perspectiva de vida.
Enfoque preventivo: Atacar la "negligencia del Estado" y la ausencia de figuras adultas protectoras en los barrios.
Sin estos pilares, la baja de la edad de imputabilidad corre el riesgo de ser solo un parche legal que, lejos de traer seguridad, profundice el ciclo de violencia y especialización delictiva dentro de las propias instituciones de "protección".
