La situación del sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina ha cruzado una línea roja. Lo que comenzó como un retraso administrativo se ha transformado en una crisis de sostenibilidad que amenaza con dejar a miles de personas sin asistencia básica. Así lo confirmó a LA BRÚJULA el Padre Pablo Molero, referente del Foro Permanente que nuclea a instituciones, profesionales y transportistas del sector.
Según Molero, la cadena de pagos se encuentra virtualmente cortada. "La gran proporción de los prestadores de Incluir Salud no cobra desde octubre, y hay casos que todavía esperan pagos de agosto y septiembre", señaló. A esto se suma el PAMI, que recién el pasado viernes comenzó a cancelar facturas de diciembre, acumulando ya un mes de atraso adicional respecto al calendario habitual de facturación.
La crisis no distingue geografía. En Catamarca, los prestadores informaron que el último pago recibido data de hace aproximadamente seis meses. Esta asfixia financiera ya está produciendo consecuencias irreversibles:
Córdoba: Un hogar con 15 residentes se encuentra en riesgo de cierre inmediato.
Salta: Instituciones de recuperación admiten que ya no pueden afrontar gastos básicos como la factura de electricidad.
Venta de sedes: Molero relató casos de instituciones con décadas de trayectoria que se han visto obligadas a vender parte de su patrimonio o cerrar una de sus sedes para intentar sostener el funcionamiento del resto.
Más allá de la deuda nominal, el sector enfrenta un desfasaje del 40% entre los aranceles vigentes y los costos reales de vida e inflación. El transporte es uno de los eslabones más castigados: con el aumento constante del combustible, los transportistas trabajan a pérdida, solicitando en muchos casos a las familias que cubran los costos de movilidad para no interrumpir los tratamientos.
La respuesta oficial, hasta el momento, ha sido insuficiente. Molero denunció una preocupante falta de ejecución presupuestaria: "La Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó 30.000 millones de pesos y los terminó devolviendo a rentas generales en lugar de cumplir con las deudas atrasadas".
Pese a que se han dado pasos legales y administrativos, como la nueva ley y algunas resoluciones para pensiones y talleres protegidos, la realidad inmediata es que sin flujo de fondos las puertas se cierran. "Si no se paga, todo lo que el Gobierno hizo o lo que se logró en el Congreso se viene abajo. La gente ya no puede abrir, no tiene cómo comprar alimentos para los hogares", sentenció el coordinador.
Ante este escenario, el Foro ha convocado a una jornada de visibilización para los próximos miércoles y jueves, buscando que los funcionarios comprendan que la crisis no es un reclamo abstracto, sino una realidad que está dejando a personas con discapacidad en total desamparo.
