El Gobierno nacional ha decidido acelerar el paso en su agenda institucional, colocando la reforma electoral como una de sus prioridades legislativas para el primer semestre de 2026. La estrategia de la Casa Rosada consiste en aprovechar el "año no electoral" para modificar las reglas de juego sin interferir en el calendario de votación, buscando así el consenso necesario en un Congreso donde La Libertad Avanza ostenta una posición estratégica.
La propuesta oficialista se asienta sobre dos pilares fundamentales que prometen generar intensos debates en las comisiones parlamentarias:
Implementación de la Boleta Única de Papel (BUP): El Ejecutivo busca jubilar el sistema de boletas partidarias tradicionales. Argumentan que la BUP garantiza una mayor transparencia, simplifica la logística y elimina prácticas irregulares como el robo de boletas o el "voto cadena".
Redefinición de las PASO: Si bien el destino final de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias aún está en fase de negociación, el abanico de opciones va desde una reestructuración profunda para reducir su impacto presupuestario hasta su eliminación definitiva.
A diferencia de otras iniciativas, el oficialismo reconoce que no puede avanzar en soledad. La Libertad Avanza, que cuenta con la primera minoría en Diputados y una situación de paridad en el Senado, planea una ronda de negociaciones con:
Gobernadores provinciales: Clave para asegurar los votos de los bloques federales.
Oposición dialoguista: Sectores que históricamente han apoyado la Boleta Única pero mantienen reparos sobre el futuro de las PASO.
Fragmentación del peronismo: El Gobierno confía en que la actual división del bloque opositor mayoritario le permitirá construir una mayoría especial para aprobar estas leyes de carácter institucional.
"El objetivo es establecer un modelo que baje los costos del sistema electoral y, además, permita hacer más simple el proceso de votación para el ciudadano", señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo.
