La situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad ha llegado a un punto de no retorno. En una entrevista cargada de angustia, el Dr. Mario Díaz, director médico del Instituto de Rehabilitación Integral (I.R.I.) Catamarca S.R.L., denunció que la cadena de pagos está rota y que la subsistencia de la institución depende hoy exclusivamente de sus ahorros personales, los cuales ya se han agotado.
“Estoy dispuesto a vender mi casa si eso me asegurara mantener esto en pie, pero solo me alcanzaría para un mes o dos de funcionamiento”, confesó Díaz a LA BRÚJULA quien con 72 años y una trayectoria de más de cuatro décadas en la salud pública, ve cómo el esfuerzo de toda una vida se diluye ante la falta de respuestas del Estado Nacional.
Según explicó el facultativo, el núcleo del problema radica en los retrasos crónicos de programas como Incluir Salud (ex PROFE) y el PAMI. “El 70% de nuestra población depende de Incluir Salud. Estamos percibiendo valores de combustible equivalentes al año 2023, mientras absorbemos todos los aumentos actuales. En el caso del transporte, hace 17 meses que no se pagan las prestaciones”, detalló.
La crisis no solo afecta la infraestructura, sino también el sustento de 100 trabajadores (entre personal en blanco y monotributistas) que cada día atienden a personas con discapacidades intelectuales y patologías asociadas en dos modalidades: centro de día y hogar.
Lo más desgarrador del testimonio de Díaz fue la descripción de la población que asiste el I.R.I. Se trata, en muchos casos, de personas judicializadas y en situación de extrema vulnerabilidad.
“Trabajamos con personas que no quiere nadie: ni la familia, ni los jueces, ni la gobernación, ni el ministerio. Tenemos residentes que vivieron años en condiciones infrahumanas antes de llegar aquí”, relató el doctor, haciendo énfasis en que el instituto no es un "depósito de personas", sino un lugar donde se les enseña a caminar y a recuperar su dignidad.
La problemática del I.R.I. no es aislada. Díaz estima que existen cerca de 2.500 centros similares en todo el país que atraviesan la misma agonía. La falta de ejecución de fondos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los desfasajes presupuestarios están forzando el cierre de instituciones históricas, dejando a miles de familias a la deriva.
“Es desesperante. Hemos enviado notas, intentamos hablar con los responsables, pero no hay respuesta. Ya quemé mis ahorros, ya vendí mis dólares; no nos queda más recurso que el compromiso humano, pero con eso solo no se pagan los sueldos ni la comida”, concluyó .
