Balde de la Punta: La fiscal ordenó la libertad del imputado y continúa la investigación

La medida se adoptó tras el análisis integral de la prueba reunida en la
investigación, al considerar que, en esta etapa del proceso.
16 de abril de 2026
La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, resolvió
dejar sin efecto el pedido de audiencia de prisión preventiva formulado
respecto de Cesar Javier Romero, imputado por el delito de “homicidio
calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma”, y dispuso su inmediata libertad.
La medida se adoptó tras el análisis integral de la prueba reunida en la
investigación, al considerar que, en esta etapa del proceso, no se encuentran configurados con el grado de probabilidad requerido los extremos necesarios para sostener la existencia del hecho y la participación punible del imputado, conforme lo establece el Código Procesal Penal.
En ese marco, y como parte de las medidas probatorias, se receptaron en
Cámara Gesell los testimonios de las dos hijas y el hijo menores de edad
de la pareja, junto con otros testimonios y un informe socioambiental, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reducir los riesgos de interferencia en la investigación.
Asimismo, se evaluó que no subsisten riesgos procesales concretos que
justifiquen la restricción de la libertad, en particular ante la finalización de
las principales medidas probatorias.
En cuanto a las medidas de protección y asistencia, la fiscal dispuso
continuar con la intervencióe los organismos competentes —la
Dirección de Mujeres, Género y Diversidad y el Sistema de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes— en el marco de la continuidad de acciones
ya oportunamente ordenadas desde el inicio de la investigación por el fiscal interviniente.
Estas medidas, que se mantienen y profundizan conforme a los protocolos aplicables en este tipo de casos, tienen por
objeto garantizar un abordaje integral y sostenido respecto de los hijos e
hijas de la pareja y de la abuela materna, en su carácter de víctimas indirectas, priorizando su contención social y psicológica.
La investigación continuará en curso hasta tanto se reúna la totalidad de la
prueba pendiente y se adopte una resolución definitiva sobre el hecho.
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