El Poder Ejecutivo nacional ha enviado al Senado un proyecto de ley que promete sacudir los cimientos del sistema de protección social en Argentina. Bajo el título "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", la iniciativa propone una reforma estructural de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793). Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de transparentar el sistema ante presuntas irregularidades, las organizaciones civiles y referentes legislativos denuncian lo que consideran el mayor ajuste contra el sector en décadas.
La propuesta, que lleva la firma del jefe de Gabinete, introduce modificaciones que alteran la estabilidad de miles de beneficiarios:
Reempadronamiento con "freno de mano": Se establece un censo obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Quien no complete el trámite en los plazos estipulados sufrirá la suspensión automática del beneficio, sin mediar investigación previa.
Fin del Nomenclador Único: El proyecto elimina el nomenclador que fija los aranceles de las prestaciones. Esto desregula la negociación con obras sociales y prepagas, lo que podría derivar en una fragmentación de la calidad del servicio según la capacidad de pago del usuario.
Eliminación de la Universalidad: Al derogar artículos clave de la Ley 27.793, se retrotrae el sistema a un estado previo a la emergencia, eliminando la garantía de prestaciones universales y la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.
Uno de los puntos más sensibles es la instauración de una "incompatibilidad absoluta". De aprobarse, cualquier persona con discapacidad que acceda a un empleo formal registrado perdería automáticamente su pensión. Esta medida no solo elimina el incentivo al trabajo, sino que suprime los programas de reconocimiento para empresas que contratan a personas del sector, dinamitando los puentes de inclusión construidos en los últimos años.
Además recordó que los procesos de reempadronamiento previos estuvieron plagados de irregularidades administrativas que terminaron perjudicando a miles de personas. “Dio de baja 140.000 pensiones de las cuales 110.000 era un problema de domicilio: nunca le llegó la carta documento, nunca le llegó el telegrama a la persona”, explicó, destacando que en muchos de esos casos la Justicia debió intervenir para restituir los beneficios.El Licenciado Daniel Arroyo, Diputado Nacional, calificó la medida como un intento de desfinanciamiento y una estrategia para dilatar la asistencia a los sectores más vulnerables del país.
Para Arroyo, la propuesta oficial representa un estancamiento injustificado: “Es un retroceso profundo, es absurdo lo que está haciendo el gobierno. Lleva casi tres años y quiere volver a reempadronar y a evaluar las pensiones”, señaló el legislador en LA BRÚJULA criticando que se utilicen las mismas herramientas de revisión que ya fracasaron anteriormente.
Para el legislador nacional , el objetivo del Ejecutivo no es el ordenamiento, sino el ajuste económico a través de la burocracia. “Básicamente lo que está haciendo es un recorte brutal, todo lo hace para no dar nuevas altas y para no dar las prestaciones que corresponden a las personas con discapacidad y a su familia”, denunció el entrevistado.
La parálisis asistencial ya se siente en las familias. Según advierten las organizaciones, la falta de actualización de aranceles y la demora en los pagos están provocando que miles de personas pierdan el acceso a:
Medicamentos críticos.
Transporte especializado.
Terapias de rehabilitación y acompañamiento.
En medio de una disputa judicial que investiga a la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el debate legislativo se perfila como una batalla clave donde se definirá si el Estado prioriza el ahorro fiscal o el derecho humano a la asistencia integral.
