El Foro Permanente de Discapacidad advierte que la nueva ley es un "retroceso" y desprotege a los más vulnerables

El Padre Pablo Molero, presidente de la entidad, denunció que el proyecto elimina las pensiones por situación de pobreza y pone en riesgo el acceso a medicación, sillas de ruedas y centros de día.
Actualidad27 de abril de 2026

El Foro Permanente de Discapacidad ha encendido las alarmas a nivel nacional frente al nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno, calificándolo como un grave paso atrás en materia de derechos. En diálogo con LA BRÚJULA, el Padre Pablo Molero, referente de la organización, fue categórico al señalar que la normativa propuesta ignora la realidad social de miles de personas.

El fin de la asistencia por vulnerabilidad

Uno de los puntos más críticos señalados por Molero es la modificación del criterio para otorgar pensiones. Según explicó, la nueva ley pretende borrar la pensión creada por la Ley de Emergencia que reconocía el apoyo a personas con discapacidad en situación de pobreza.

​"Quitar esto es volver hacia atrás y quitarle un apoyo a gente que realmente lo necesita", afirmó Molero, subrayando que no se puede medir la necesidad únicamente por la "incapacidad laboral", ya que muchos ciudadanos viven en contextos de extrema precariedad que requieren la presencia del Estado.

Un recorte que afecta la vida cotidiana

Para el Foro, el retroceso no es solo económico, sino que impacta directamente en la salud y la autonomía de las personas. La preocupación radica en que, al desarticular el sistema actual, se pierde el andamiaje que garantiza prestaciones básicas de supervivencia y rehabilitación.

​"No es solamente el apoyo económico, sino el poder contar con acceso a la rehabilitación, apoyos, sillas de ruedas, medicación, centro de día o un hogar si se quedan sin familia", advirtió el sacerdote.

Preocupación por los aranceles y la calidad de atención

Otro eje de conflicto es la desregulación de los aranceles para los prestadores. Molero explicó que hoy existe un arancel fijado por el Estado que las obras sociales y prepagas deben respetar. De eliminarse este piso, se teme que las entidades paguen lo mínimo posible, haciendo inviable la continuidad de los centros de atención.

​"Esto va a ir en contra de que haya prestadores, porque si yo no tengo un arancel que cubra las prestaciones, no puedo sobrevivir. Es lo que está pasando hoy: lo que se paga no alcanza", sentenció.

​Finalmente, desde el Foro Permanente de Discapacidad confirmaron que ya han enviado notas a los senadores detallando estos puntos y que continuarán buscando canales de diálogo para evitar que la ley avance en su forma actual, la cual consideran que "va abandonando cada vez más a las personas".

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