En un contexto social marcado por la transformación tecnológica y el aumento de la violencia, la provincia de Mendoza ha decidido dar un paso adelante en materia de prevención escolar. Ante el incremento de amenazas de bomba y situaciones de riesgo con armas, las autoridades educativas anunciaron la puesta en marcha de un protocolo actualizado que incluye simulacros específicos de evacuación y resguardo.
Lic. Carina Gannam, referente de la DGE, explicó que la medida responde a la necesidad de adaptar las instituciones a la realidad actual: “Son problemáticas contemporáneas que se presentan en niños y adolescentes... entendiendo que se van a presentar situaciones distintas a las que conocíamos porque también el mundo ha cambiado”, afirmó a LA BRÚJULA
Uno de los puntos clave de la entrevista fue la aclaración sobre la naturaleza de estos ejercicios. No se trata de representar escenas de violencia, sino de mecanizar las vías de escape y protección. “No es simulacro de tiroteo. Lo que se hace es la práctica o el simulacro de la evacuación: cuáles van a ser los lugares asignados en la institución como lugares de resguardo, lugares seguros”, detalló Gannam.
La funcionaria comparó la dinámica con los simulacros sísmicos tradicionales en la provincia, subrayando que el objetivo es garantizar el “bienestar integral de la comunidad educativa” y dotar a docentes y alumnos de herramientas para actuar bajo situaciones de “alto impacto y mucho estrés”.
La DGE también ha puesto el foco en la prevención desde el hogar, emitiendo una circular vinculante para que los padres tomen conciencia sobre el control de las pertenencias que los menores ingresan a los establecimientos. Gannam fue contundente respecto a la responsabilidad de los adultos: “Nosotros partimos de la buena fe de que vienen de sus hogares con los objetos permitidos en la institución... No podemos revisar ninguna pertenencia ni las mochilas de los estudiantes”.
En este sentido, el nuevo marco normativo establece que, ante el incumplimiento del deber de cuidado, los progenitores deberán afrontar las consecuencias legales: “Van a ser responsables en tanto lo civil, lo penal y también por el Código Contravencional de la provincia; responderán con multas, con tareas comunitarias o con la penalidad que corresponda según el daño”, concluyó la licenciada.
Esta iniciativa busca interpelar a la sociedad en su conjunto sobre los modelos de conducta y el impacto de los discursos violentos en las nuevas generaciones, reafirmando que la seguridad escolar comienza con la corresponsabilidad entre el Estado y las familias.
