Incertidumbre por la nueva Ley Penal Juvenil: advierten falta de infraestructura y posibles planteos de inconstitucionalidad

A menos de cuatro meses de que entre en vigencia la modificación del Régimen Penal Juvenil en Argentina, el Dr. Rodrigo Morabito, Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las provincias para implementar la norma. Según el magistrado, existe un vacío operativo y presupuestario que pone en riesgo la aplicación efectiva de la ley, la cual reduce la edad de punibilidad a los 14 años.

El desafío de la infraestructura y el presupuesto Morabito explicó que el Gobierno Nacional otorgó un plazo de 180 días para que las jurisdicciones acondicionen sus instituciones, pero los avances son nulos en la mayor parte del territorio. "En todas las provincias en las que he estado en estos momentos, que son muchas capacitando, no se ha avanzado", afirmó con preocupación a LA BRÚJULA

Uno de los puntos más polémicos radica en la financiación. El magistrado reveló que el Artículo 51 de la ley asigna una partida de aproximadamente 23.000 millones de pesos, pero estos fondos están destinados exclusivamente a organismos nacionales como el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. "Las provincias deberían tener un presupuesto asignado también para esto... la ley dice organismos nacionales, no dice las provincias en ningún momento", subrayó.

La figura del "Supervisor" y el riesgo del desarraigo La nueva normativa introduce figuras operativas complejas, como la del "supervisor", encargado de acompañar a los adolescentes con libertad condicional. Morabito comparó esta función con la que se observa en el sistema estadounidense, pero advirtió: "El problema es que no tenemos supervisores".

Asimismo, el juez alertó sobre la posibilidad de que adolescentes catamarqueños sean trasladados a otras provincias por falta de establecimientos locales adecuados. Esta situación chocaría de frente con los estándares internacionales y la Ley local 5354: "Que un chico se vaya a otra provincia, con todo el desarraigo que eso implica para poder recuperarlo y reinsertarlo... eso está absolutamente prohibido en las leyes".

Hacia una judicialización del sistema Ante la falta de recursos y las contradicciones operativas, el Dr. Morabito vaticinó un escenario de alta conflictividad en los tribunales a partir de septiembre. "Yo creo que la ley va a tener muchos planteos sobre discusiones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad", concluyó, anticipando que los jueces de todo el país enfrentarán una carga de trabajo sin precedentes bajo un sistema que aún no está listo para funcionar.