El notable incremento del flujo de visitantes en la Puna catamarqueña ha encendido las alarmas de las autoridades locales debido al crecimiento del turismo no regulado. En diálogo con LA BRÚJULA, Marcelo Sosa, asesor externo encargado de Turismo del municipio de Antofagasta de la Sierra, describió un escenario de profunda preocupación para el sector de prestadores turísticos formales tras la derogación de las normativas nacionales que regulaban a las agencias de viajes y alojamientos.
Sosa vinculó de forma directa la proliferación de esta actividad informal con las medidas del Poder Ejecutivo Nacional. "Recuerden que el gobierno de Milei vetó la ley que estaba vigente tanto de agencias de viajes como de alojamiento", afirmó el funcionario, reconociendo que si bien eran normativas de la década del 70 que resultaban "un poco obsoletas", su eliminación total generó una desregulación extrema. "Eso ha liberado que permite que cualquier persona que tenga un vehículo pueda ejercer con total libertad, como anuncia nuestro presidente siempre", remarcó.
La falta de idoneidad y el desconocimiento técnico por parte de estos nuevos oferentes es uno de los puntos que mayor zozobra genera, sobre todo por las hostiles condiciones geográficas del noroeste provincial. "Se aventuran o tratan de buscar otro ingreso económico y por ahí no tienen ni siquiera la capacidad, idoneidad, ni conocimiento para ser una guía", advirtió Sosa. El asesor diferenció tajantemente las excursiones recreativas tradicionales en zonas de menor complejidad de los trayectos hacia la alta montaña, coincidiendo en que adentrarse en la Puna exige equipamiento de oxígeno y preparación específica ante emergencias de salud o inclemencias climáticas.
Con una extensión que supera los 28.000 kilómetros cuadrados, Antofagasta de la Sierra enfrenta severas dificultades logísticas para frenar las actividades informales debido a la escasez de recursos técnicos y humanos. "Se hace medio incontrolable por la falta de recursos, tanto materiales como económicos y humanos, para tratar de cubrir semejantes dimensiones territoriales que tiene la Puna", detalló el asesor, quien precisó que, no obstante las limitaciones, desde el año pasado el municipio cuenta con una reglamentación turística propia.
Actualmente, el jefe de Turismo municipal, Esteban Soriano, junto al secretario de Cultura y Turismo, Jairo Salva, coordinan los esfuerzos de fiscalización locales y gestionan la adquisición de camionetas oficiales para optimizar los operativos. Asimismo, Sosa destacó el rol de la Dirección de Calidad provincial —a cargo de Noelia Miranda—, aunque insistió en la necesidad de articular acciones conjuntas más severas en los accesos vehiculares: "Yo creo que todo esto se acaba con más control; control de Gendarmería, control más específico".
La problemática de la informalidad no solo repercute en la seguridad de los contingentes, sino que golpea el entramado comercial de quienes tributan y sostienen empleo formal en la provincia. Sosa asimiló la situación actual de las agencias físicas con las tensiones históricas del rubro hotelero frente a los alquileres temporarios no registrados. "El hotel paga impuestos, paga muchos empleados, cargas sociales y demás, y lo mismo sucede con las agencias de viaje... Eso también es competencia desleal", argumentó, apuntando también contra la oferta informal en plataformas digitales y redes sociales como Instagram o Uber.
Finalmente, el funcionario remarcó que el control estatal en sitios clave como el Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez —manejada por la Secretaría de Ambiente de la provincia— ha mostrado mejoras, pero instó a los legisladores a dotar al sector de un marco normativo moderno. "Lo fundamental es que se vuelva a crear una ley actualizada con todo este tipo de cuestiones, tanto en alojamiento como en agencias de viajes", concluyó
