El diputado provincial Mamerto Acuña (GENERAR) encendió la polémica tras cuestionar severamente al Gobierno provincial por haber destinado fondos provenientes de un adelanto de coparticipación y un préstamo a colocaciones financieras a plazo fijo, en lugar de aplicarlos a su fin original. A su juicio, el comportamiento de la recaudación no justificaba la solicitud de dichos recursos extra.
De acuerdo con el detalle brindado por el legislador, la provincia recibió un adelanto de coparticipación de 150.000 millones de pesos y un préstamo de 45.000 millones. Esos 195.000 millones de pesos terminaron colocados en el sistema financiero, elevando el total de fondos provinciales en inversiones de este tipo a un pico de 242.000 millones de pesos, monto que actualmente se ubica en alrededor de 182.000 millones.
Acuña recordó que el Ejecutivo había argumentado un escenario económico "insostenible" para solicitar esos recursos e incluso impulsar pactos fiscales con las comunas. Sin embargo, contrapuso que al 30 de junio la recaudación por coparticipación alcanzó el 50% de lo presupuestado. Este comportamiento, calificado por el diputado como normal, deja a su criterio "sin sustento" el pedido de endeudamiento y auxilio financiero.
El legislador remarcó que no critica la herramienta financiera en sí misma —a la que calificó de habitual y lícita cuando existen excedentes—, pero advirtió que aplicarla en este contexto "desvirtúa el rol del Estado, que es satisfacer las necesidades de la gente en áreas como salud y educación, y no acumular dinero". Al ser consultado sobre su gestión anterior como ministro de Economía provincial, aclaró que en aquel momento la situación era totalmente distinta, ya que la provincia ni siquiera contaba con fondos suficientes para cubrir sus requerimientos básicos.
Respecto al préstamo de 45.000 millones de pesos, precisó que fue tomado bajo el sistema alemán de amortización. Aunque cuenta con un período de gracia de doce meses para el pago de capital, devenga aproximadamente 18.000 millones de pesos en intereses durante ese lapso.
En ese sentido, Acuña subrayó que, según la normativa de administración financiera pública, los rendimientos e intereses que generan estas colocaciones deben destinarse de forma específica a la obra pública. Por ende, aclaró que no pueden utilizarse para compensar gastos corrientes, como el reciente bono extraordinario otorgado a trabajadores públicos provinciales y municipales, sobre cuyo origen de financiamiento expresó tener dudas. Aunque reiteró que la operatoria cumple con la legalidad, cuestionó con dureza las prioridades de la gestión actual.
Dependencia municipal y falta de respuestas
Por otro lado, el diputado advirtió sobre la delicada situación de las intendencias, señalando que los municipios tienen comprometida la totalidad de su coparticipación en gastos indispensables, lo que los obliga a depender de la asistencia permanente de la provincia. En esa línea, recordó que en la apertura de sesiones el gobernador anunció un auxilio de 32.000 millones de pesos para gastos corrientes municipales —un 6% por encima de lo habitual—, lo que a su entender profundiza la subordinación económica de los distritos locales respecto del Poder Ejecutivo.
Finalmente, Acuña reveló que desde su bloque presentaron oportunamente un pedido de informes en la Cámara baja para conocer en detalle el destino y manejo de los 242.000 millones de pesos colocados en el sistema financiero, iniciativa que hasta el momento no ha recibido respuesta oficial.
