En una cadena nacional, el mandatario presentó lo que definió como "el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años". El paquete de medidas se enfoca principalmente en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la implementación de un estricto mecanismo de control del gasto público.
Durante la alocución, el orador sostuvo que la modificación de la norma orgánica del BCRA busca poner fin a la emisión monetaria desenfrenada, señalando que "la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política". Asimismo, remarcó que la inflación es "siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta".
El proyecto establece cinco premisas fundamentales para la entidad monetaria:
Misión única: Se busca que la prioridad del organismo vuelva a ser "el de preservar el valor de la moneda".
Prohibición de financiamiento: Se prohíbe "de modo taxativo la financiación del Estado", abarcando al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario.
Blindaje del directorio: Para evitar remociones arbitrarias y presiones políticas, la destitución de las autoridades requerirá "dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados".
Restricción de dividendos: Se limita la transferencia de utilidades no realizadas y los resultados asociados a la cartera del banco sólo podrán ser "girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda".
Eliminación de letras: Se suprimen de manera definitiva instrumentos financieros como las letras intransferibles.
Como complemento a la reforma monetaria, el Gobierno introdujo el concepto de "grillete fiscal", un esquema designed para prohibir los presupuestos con déficit. Según el planteo del expositor, si se registran saldos negativos durante varios meses seguidos y el Congreso no logra reequilibrar las cuentas públicas en pocas semanas, "entrará en vigencia automática el shutdown".
Esta parálisis del sector público implicará el congelamiento de gastos no esenciales, la suspensión de nuevas contrataciones y la interrupción de transferencias discrecionales. Además, se penalizará directamente a la clase política: "durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo".
Quedarán exentas de estas restricciones las prestaciones sociales básicas, tales como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad y defensa.
Por último, el anuncio contempló dos iniciativas orientadas a desregular el sector financiero. En el mercado de capitales, se buscará facilitar la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera y destrabar el financiamiento colectivo. En cuanto al sector asegurador, el plan apunta a eliminar la necesidad de autorización previa del regulador para el lanzamiento de nuevos productos, enfocando la supervisión únicamente en la solvencia de las compañías.
El disertante concluyó expresando su confianza en que las cámaras legislativas acompañarán las iniciativas, afirmando que la integración de estas reformas "pondrán fin a 91 años de saqueo" y abrirán camino para convertir al país en "el más libre del mundo".
