El avance imparable de la ciberdelincuencia y la sofisticación de sus engaños han puesto en jaque a la provincia. En una extensa entrevista, la Dra. Paola González Pinto, Fiscal de Instrucción N° 7 del Distrito Este —a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos—, trazó un contundente diagnóstico sobre la situación local. "Al día de la fecha llevamos aproximadamente unas 700 denuncias en trámite, solamente por el delito de estafa" manifestó a LA BRÚJULA
Esta cifra se incrementa a diario debido a la capacidad de adaptación que exhiben las bandas de estafadores. Las maniobras van desde promesas de préstamos de fácil acceso para personas endeudadas hasta supuestos beneficios en servicios esenciales. "Se dan, por ejemplo, en personas jubiladas que les ofrecen descuentos en el pago de los servicios públicos: servicios de luz, agua, gas. Es importante aclarar que no existen ese tipo de descuentos, son falsos", enfatizó la fiscal, remarcando que cualquier oferta no solicitada debe descartarse de inmediato.
La celeridad de la denuncia: el factor crítico
Uno de los principales desafíos radica en la velocidad con la que las organizaciones delictivas canalizan el dinero robado hacia "cuentas mulas" creadas con identidades robadas o prestadas, perdiéndose el rastro en cuestión de horas. Por este motivo, el factor tiempo resulta determinante para salvar el patrimonio de las víctimas.
"Ahí es clave, es un factor determinante, la rapidez en formular la denuncia. Para que nosotros podamos acceder a todo ese tipo de datos y hacer una trazabilidad o un seguimiento del dinero con los distintos informes que se van solicitando", explicó González Pinto. Una actuación temprana permite que la Justicia no solo persiga penalmente a los delincuentes, sino que aplique "medidas cautelares, medidas de no innovar" para frenar débitos automáticos indeseados o congelar fondos antes de que el daño sea irreparable. De igual modo, la funcionaria instó a articular acciones con la Dirección de Defensa al Consumidor, un organismo que suele contar con herramientas administrativas más ágiles para gestionar bajas de tarjetas o frenar cobros indebidos.
Mitos sobre la ciberdelincuencia y la falta de recursos técnicos
Frente a la creencia popular de que las llamadas proceden en su mayoría desde establecimientos penitenciarios, González Pinto desmitificó esa noción. Aclaró que gran parte de estas operaciones provienen de redes organizadas que operan con altos niveles de especialización e ingeniería social. "Es gente que se dedica o se profesionaliza en la comisión de los delitos... Tienen recursos, no solo teléfonos, sino también dispositivos u ordenadores", señaló.
En ese sentido, admitió que los órganos de investigación se enfrentan a severas limitaciones técnicas e informáticas. "La ciberdelincuencia avanza más rápido de lo que podemos avanzar nosotros en la persecución", reconoció, detallando que faltan herramientas y software especializados para auditar vulneraciones a bases de datos y la comercialización ilegal de información personal en la red profunda (deep web).
La fiscal advirtió que la ciberdelincuencia no distingue edad, rango ni clase social, alcanzando desde jóvenes inmersos en redes de apuestas ilegales hasta adultos mayores y trabajadores en actividad. Ante la amenaza omnipresente de los dispositivos conectados, dejó una máxima clara para la comunidad: "Estar atentos y saber de primera mano que son falsos todos esos ofrecimientos, esas ofertas que nos hacen... Nadie te regala nada hoy en día".
Para tramitar una denuncia, la ciudadanía puede dirigirse a la Unidad Judicial más cercana en el Valle Central (Capital, Valle Viejo o Fray Mamerto Esquiú) o a las comisarías y fiscalías de circunscripción en el interior. Se recomienda concurrir con el teléfono celular o dispositivo afectado para facilitar la extracción de evidencias e iniciar de inmediato las actuaciones judiciales.
