El Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia lleva adelante una investigación administrativa y judicial vinculada con presuntas irregularidades detectadas en el proceso de confección, registro, validación y expedición de títulos correspondientes al Instituto de Educación Superior “Clara J. Armstrong”. La situación comenzó a ser advertida a partir de controles realizados por la Dirección de Legalización y Registro de Títulos sobre la documentación académica y los registros correspondientes a las emisiones de los años 2024 y 2025.
Al confrontar la información registrada en el sistema oficial de emisión digital con los archivos físicos del establecimiento, las autoridades detectaron datos incompletos, inconsistencias en los registros internos y discrepancias entre la documentación digital y la física. Entre las anomalías observadas se encontraron copias presuntamente apócrifas de Actas de Libro Matriz, así como copias apócrifas o duplicadas de Actas de Exámenes utilizadas como respaldo. Además, la auditoría identificó casos en los que no existía documentación que acreditara la trayectoria académica necesaria para sustentar determinadas certificaciones. Como resultado de esta verificación individual, se solicitó la anulación en el sistema digital de un total de 35 títulos con inconsistencias, pertenecientes a diversas carreras de formación docente.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio puso las actuaciones a disposición del Ministerio Público Fiscal. La primera denuncia penal formal se presentó el 24 de abril de 2026, y posteriormente se procedió a su ampliación con el fin de profundizar el análisis de las distintas etapas del circuito de emisión. La investigación judicial procura determinar cómo se desarrollaron las maniobras, qué documentación se empleó, quiénes intervinieron y si se trató de hechos aislados o de una modalidad coordinada. Para ello, se solicitó el resguardo de la documentación original y el análisis técnico de los registros informáticos, abarcando usuarios, fechas, modificaciones y firmas digitales.
En el ámbito administrativo, una investigación presumarial determinó la existencia de elementos suficientes para avanzar hacia un sumario destinado a establecer las responsabilidades que correspondan, aclarando que esta medida formal busca esclarecer lo sucedido sin prejuzgar a los involucrados. Finalmente, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio educativo y proteger el derecho de los estudiantes a que sus trayectorias sean registradas correctamente, la cartera educativa dispuso el 10 de agosto de 2026 la normalización administrativa, pedagógica e institucional del establecimiento y designó un equipo normalizador para conducir el instituto mientras continúan las actuaciones correspondientes.
