Desalojos exprés y mercado de alquileres en Catamarca: el análisis del Colegio de Corredores Inmobiliarios

En el marco del debate nacional sobre las modificaciones a la normativa de propiedad privada y los procesos judiciales de desalojo, Alejandro Cano, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Catamarca, analizó el impacto técnico de estas medidas y describió el escenario actual que atraviesa el mercado locativo provincial tanto en el segmento habitacional como en el comercial.

El mecanismo de los desalojos abreviados

Respecto al proyecto que busca agilizar la restitución de propiedades, Cano precisó que la iniciativa apunta a reducir los plazos judiciales ordinarios —que históricamente demoraban entre un año y medio y dos años— frente a incumplimientos contractuales. El dirigente destacó que este proyecto de ley lo que hace es reducir significativamente los tiempos de recuperación de un inmueble, aunque remarcó que sigue siendo obligatoria la intervención de un juez en todo el proceso.

En cuanto a los requisitos técnicos, Cano explicó que la mora se computa una vez vencido el plazo fijado por contrato, habitualmente del 1 al 10 de cada mes. Transcurridos 30 días de dicho vencimiento, el propietario queda facultado para notificar fehacientemente al inquilino, otorgándole un plazo de hasta 10 días para regularizar la deuda antes de avanzar con el desalojo.

Asimismo, el directivo aclaró en LA BRÚJULA que la normativa contempla situaciones de vulnerabilidad social para menores de edad o personas con discapacidad. En esos casos interviene el Ministerio del Menor y se efectúa un relevamiento a través de un oficial de justicia para evaluar las condiciones de habitabilidad y gestionar su reubicación, evitando que las familias queden desamparadas.

En relación con el índice de morosidad local, Cano señaló que en Catamarca la mayoría de los inquilinos pertenecen a la administración pública, sector que mantiene regularidad en sus fechas de cobro y pago. En las carteras privadas administradas por inmobiliarias, el cumplimiento ronda entre el 95% y el 98%, concentrándose los atrasos principalmente en trabajadores del ámbito privado que han perdido su empleo.

Frente a estos escenarios, Cano sostuvo que el sector inmobiliario prioriza el diálogo antes que la vía judicial. Según indicó, el rol de los corredores es mediar, analizar las problemáticas y alcanzar acuerdos de pago o reestructuraciones de montos para evitar que se llegue a una orden de desalojo.

Oferta, demanda y valores de referencia en la plaza local

Tras los cambios regulatorios en la legislación de alquileres, el referente del sector afirmó que en la provincia se incrementó la oferta de propiedades por encima de la demanda, lo que impulsó a los propietarios a aceptar sugerencias de rebaja de precios para lograr concretar las locaciones.

En el segmento residencial, un departamento estándar de un dormitorio ubicado en el centro o en la zona oeste de la capital provincial se ubica en un promedio de entre $450.000 y $500.000 mensuales, mientras que en sectores como Valle Viejo los valores descienden entre un 10% y un 15%.

Por su parte, en el rubro comercial se registra una mayor rotación y desocupación de locales sobre arterias céntricas y peatonales como las calles Rivadavia, Chacabuco o Sarmiento. En estos puntos, un local básico de 60 metros cuadrados ronda entre los $3.000.000 y $4.000.000 mensuales. Cano explicó que esta retracción responde tanto al costo de los cánones y el fuerte impacto de las tarifas eléctricas comerciales, como al avance del comercio digital, lo que ha llevado a las inmobiliarias a flexibilizar comisiones y permitir el pago fraccionado de depósitos en garantía para sostener la ocupación.