La atención de los pacientes renales atraviesa un escenario crítico a raíz de las recientes medidas adoptadas por PAMI. Prestadores del servicio denunciaron una importante reducción en los valores que perciben por las prácticas de diálisis debido a la quita unilateral de módulos vinculados a estándares médicos, una situación que agrava el desfasaje económico frente al constante incremento de insumos dolarizados.
El médico nefrólogo Gregorio Villafañez confirmó a LA BRÚJULA la gravedad del panorama al señalar que "desgraciadamente volvemos a nuestros problemas con PAMI". El especialista explicó que la obra social nacional abonaba históricamente conceptos atados al seguimiento clínico: "PAMI siempre pagó sobre algunos ítems que se llamaban de calidad. Esos incentivos redondeaban una cifra aceptable para el tratamiento de diálisis. Se retiró a partir de junio; no cobramos los incentivos y nos han disminuido notablemente el precio de la prestación".
La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) envió cartas documento y mantiene reuniones con las autoridades, aunque hasta el momento "no contestan y no resuelven absolutamente nada desde el gobierno central". El impacto financiero deja al sector al límite, ya que la gran mayoría del equipamiento médico depende de valores externos. "Los insumos están totalmente dolarizados, salvo las soluciones fisiológicas. Tubuladuras, agujas, tratamientos con hormonas, todo lo demás lo traemos de afuera y está sujeto al precio dólar", remarcó el médico, ejemplificando que en prácticas como la diálisis peritoneal "es más caro el insumo que lo que pagan por la práctica".
A pesar del atraso en las liquidaciones y la pérdida de rentabilidad, los centros especializados continúan brindando el servicio por el compromiso ético y vital que reviste la terapia. "Si no se hace el tratamiento va seguro al óbito. Tenemos que seguir con el tratamiento y lo tratamos de hacer de la mejor forma", sostuvo Villafañez, quien descartó una interrupción inmediata de las sesiones por parte de los profesionales y adelantó que, de profundizarse el conflicto, la vía legal será el camino institucional: "Seguramente se va a pedir un recurso de amparo desde CADRA. Los jubilados no tienen mucho que hacer, somos nosotros los que tenemos que seguir gestionando".
El colapso del sector privado generaría una saturación inmediata en los hospitales públicos, cuyas instalaciones no están preparadas para absorber semejante caudal de personas, en su mayoría adultos mayores que dependen de la cobertura federal. Frente a este contexto, las asociaciones médicas insisten en la urgencia de reabrir los canales de negociación para restituir los valores reales de las prestaciones y garantizar la continuidad de los tratamientos.
