A pocos días de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, el Dr. Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, expuso los desafíos operativos y presupuestarios que enfrenta la justicia provincial para poner en marcha la normativa. En diálogo radial, el magistrado coincidió con los planteos realizados por la ministra de la Corte local, María Fernanda Rosales Andreotti, respecto a la falta de certezas sobre el estado de las obras edilicias y los recursos humanos requeridos.
En relación con los fondos para el funcionamiento de la norma, el magistrado remarcó la asignación económica prevista en el texto legislativo, "el único presupuesto que menciona la ley, claramente, es para la Nación, para organismos nacionales. Para las provincias tiene que ponerlo la provincia. O sea que Nación, cuando modifica la ley, es muy generosa con la billetera de las provincias".
Uno de los puntos de mayor preocupación planteados por el juez radica en la figura técnica que el nuevo texto legal exige para acompañar a los adolescentes procesados desde el comienzo de las actuaciones: "La ley habla específicamente de un supervisor. Supervisor no sabemos ni siquiera de quién va a depender. El juez, en todo caso, dice la ley, deberá designar un supervisor". Según explicó en LA BRÚJULA dicho rol demanda una especialización concreta en áreas como psicología infanto-juvenil, educación, adicciones o trabajo social, perfiles que escasean en el ámbito estatal: "No tenemos ese tipo de gente para hacer... ¿cuántos supervisores vamos a contar?".
Respecto al funcionamiento del Poder Judicial, Morabito destacó que la Justicia cuenta con menos personal que las legislaturas o el Poder Ejecutivo, y anticipó el escenario que se generará tras la baja en la edad de imputabilidad: "Nosotros vamos a tener, sin duda, una expansión de ingreso de casos, porque antes había casos que no entraban y ahora sí van a entrar, y efectivamente desde más chicos. Sí proyectamos que va a haber una expansión punitiva y una expansión de cantidad de adolescentes en contacto con la ley penal".
El magistrado también abordó los alcances penales que introduce la reforma, detallando el límite temporal de las condenas para los menores de edad: "El máximo de pena en la ley es 15 años. Es 15 años, sea el delito que cometa. Ese es el máximo de pena". Ante las consultas sobre delitos graves como robos agravados, homicidios o femicidios, aclaró que "para que diga 15 años tiene que ser un delito extremadamente grave, porque vos tenés la obligación de individualizar la pena", señalando a su vez que el servicio judicial involucra la tarea técnica de fiscales y defensores más allá del criterio exclusivo de los jueces.
Finalmente, Morabito indicó que el Poder Judicial local ya mantuvo encuentros con la Legislatura provincial junto al Dr. Fabricio Gershani Quesada para evaluar la adecuación de la normativa a nivel provincial, en tanto se define la coordinación de los recursos ejecutivos e institucionales indispensables para hacer efectiva la ley.
