El abogado y defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó de "muy grave" la decisión del Gobierno nacional de licitar cerca de 1.200 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar una nueva línea de créditos hipotecarios a través de entidades bancarias. Según remarcó, este fondo de reserva fue creado por ley con un fin anticíclico para garantizar la liquidez del haber jubilatorio en contextos críticos y no para canalizar préstamos comerciales.
"Se viola brutalmente la condición establecida del fondo, la condición anticíclica", aseveró el especialista en LA BRÚJULA . En ese marco, contrapuso la medida con la crítica realidad socioeconómica del sector pasivo: "Tenemos cinco millones de jubilados que están percibiendo un 25% de lo que necesitan para cubrir su canasta de necesidades básicas". Asimismo, denunció que existen "miles y miles de sentencias firmes contra ANSES que no se pagan" mientras se transfieren activos públicos al sector financiero.
Semino trazó un paralelismo con programas de gestiones anteriores, como el Plan Procrear, y recordó que "los únicos que no podían acceder a ese programa eran los mayores de 65 años, es decir, los jubilados". Ante este nuevo esquema, enfatizó el impacto que la coyuntura inflacionaria genera en los beneficiarios que asuman deudas atadas a la cláusula UVA: "Tomar un crédito en Argentina siempre es una jugada de alto riesgo. Los créditos UVA en su momento eran potables, hasta que la realidad económica los hizo insoportables".
Por último, señaló que la vulnerabilidad de los haberes continúa en litigio judicial tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los vetos presidenciales a las leyes de movilidad sancionadas por el Congreso. Frente a la lentitud de los tiempos judiciales y la falta de actualización del bono congelado desde principios de 2024, concluyó que los jubilados terminan siendo la variable de ajuste: "Parece una condena que es transversal al tiempo y que se lleva vidas en el durante".
