
Marcelo Altamirano: "El endeudamiento familiar responde a un desfasaje estructural y no a la irresponsabilidad de los usuarios"
El deterioro de los ingresos y el aumento sostenido de la morosidad en los hogares responde a factores macroeconómicos estructurales y a la desregulación del mercado financiero, lejos de simplificaciones sobre la conducta individual de los consumidores. Así lo definió el Licenciado Marcelo Altamirano, docente e investigador de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), al analizar la evolución de los precios relativos entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Según explicó el economista en LA BRÚJULA la disparidad entre la evolución de los haberes y los costos de vida básicos empujó a miles de familias a recurrir al financiamiento para cubrir gastos cotidianos tras agotar sus ahorros.
Al detallar los datos estadísticos, Altamirano remarcó la profunda brecha entre la inflación, las tarifas y los salarios. "Nuestro salario promedio creció el 238%, mientras que el nivel general de precios aumentó un 320%; ya con respecto al nivel general de precios hemos perdido prácticamente 100 puntos", puntualizó. La situación se agrava al observar el rubro de servicios regulados: "Vivienda, agua, electricidad y gas se fueron al 602%, es decir, prácticamente tres veces lo que se movieron los salarios". Este desfasaje obligó a los hogares a reconfigurar sus presupuestos y recurrir a financiamiento con tarjetas o préstamos para costear cuotas escolares, salud o consumo básico.
El especialista cuestionó las propuestas parlamentarias que buscan saldar deudas de manera aislada sin corregir el trasfondo del problema. "Si yo no modifico las condiciones estructurales del deudor, es decir, la corriente de ingresos, su situación de empleo o cuestiones de salud, lo único que estoy haciendo con estas soluciones mágicas de transferir dinero es resolverle el problema al acreedor", sentenció. En esa línea, remarcó que el fenómeno cobró mayor gravedad tras la puesta en marcha del Decreto 70/23, normativa que liberó de forma directa las tasas de interés y dejó al sector privado expuesto a costos de financiamiento asfixiantes, con tasas anuales que en billeteras y circuitos no tradicionales oscilan entre el 700% y el 1000%.
Frente a la consulta sobre una recomposición salarial abrupta, Altamirano advirtió sobre las limitaciones de la capacidad productiva instalada, que en la industria se encuentra cercana al 50%. En ese escenario, una inyección salarial masiva sin sustento en la oferta derivaría rápidamente en una aceleración inflacionaria. Por ello, concluyó que la solución requiere "generar una política de ingresos en el marco de un compromiso social", donde los sectores con ventajas competitivas y crecimiento extraordinario, como energía y minería —cuyo indicador se ubicó en 118,3%—, asuman un rol activo y aporten a la reconstrucción económica integral.



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