El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Oscar Arellano, analizó la controversia desatada en torno al reparto de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y el convenio firmado entre la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Al responder sobre las advertencias formuladas por el senador Flavio Fama respecto a la pérdida de recursos para el sistema universitario, Arellano admitió que el legislador “tiene razón” en cuanto al impacto presupuestario de la medida.
El conflicto se remonta a la declaración que realizó en su momento el exrector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, respecto a la conclusión de las obras de la Ciudad Universitaria, lo que habilitó que el 40% histórico de la UNT se redujera al 20% y el otro 20% pasara al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “La Universidad de Catamarca recibió entre el año 2009 hasta el año 2016 fondos de las utilidades provenientes de YMAD vía el CIN”, detalló el rector, agregando que “con esos fondos, dedicados fundamentalmente en un 75% a obras, se hicieron obras importantes”.
Sin embargo, a partir de 2016 y con las regalías devengadas de 2014, el flujo se frenó de forma absoluta debido a la demanda judicial que inició la propia UNT contra YMAD, argumentando que la Ciudad Universitaria no estaba finalizada y que el acta original de Cerisola fue irregular. Sobre ese proceso, Arellano precisó en LA BRÚJULA que “Cerisola firmó un acta acuerdo que no correspondía porque la Ciudad Universitaria de Tucumán no estaba finalizada. Cerisola está imputado y tiene condena en primera instancia por este hecho doloso de haber firmado un acta para manejar en forma discrecional los fondos de libre disponibilidad”.
Frente a la parálisis judicial que mantenía los recursos en una cuenta bancaria sin distribuir, Nación, Catamarca y la UNT alcanzaron un entendimiento para restablecer el esquema original del 60% para Catamarca y 40% para la casa de altos estudios tucumana, fijado en la ley de 1959. El acuerdo fue ratificado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia nacional y aprobado tanto por la Legislatura provincial como por el Consejo Superior de la UNT.
Arellano sostuvo que “un convenio de partes no se puede modificar sin el acuerdo de las partes” y que el Congreso Nacional no puede actuar de forma unilateral sobre ese régimen. No obstante, al evaluar las consecuencias económicas, confirmó que las casas de altos estudios quedarán al margen del reparto directo: “Al volver al 60-40, las universidades —no solamente la Universidad de Catamarca— no recibirían fondos adicionales porque se volvió al 60-40 y no al 60-20-20”.
En caso de que se hubiese sostenido el esquema que beneficiaba al sistema universitario, la UNCa percibiría un porcentaje clave en un contexto donde el yacimiento proyecta mejores balances. “La Universidad de Catamarca hubiera estado recibiendo el 0,3% de las utilidades”, estimó el rector, contrastando el declive de 2016 con la actualidad: “Hoy se reactiva YMAD, se reactiva Alumbrera, se reactiva una actividad económica importante que en el mediano plazo puede tener utilidades significativas”.
Ante este escenario jurídico, Arellano descartó una vía de confrontación judicial directa e indicó que la estrategia institucional pasa por la cooperación académica: “Judicialmente no tenemos posibilidad de hacer nada. Lo que desde la Universidad hemos trabajado son acuerdos con la Universidad de Tucumán para proyectos de investigación conjuntos y que ellos hagan la solicitud para que sean financiados por YMAD”. A pesar de las limitaciones legales, concluyó que la institución mantendrá el reclamo por los recursos que le corresponderían al sistema provincial.
