El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de "fuerzas negativas" a las voces que reclaman desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante su visita a Irlanda, en un contexto marcado por crecientes alertas sobre los riesgos de un avance descontrolado de esta tecnología.
"Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder", sostuvo el mandatario republicano ante la prensa, desestimando los temores en torno al impacto que estos sistemas podrían tener sobre la humanidad.
El debate cobró renovada fuerza tras la salida de la industria de Jacob Coxon, un investigador británico de 27 años con experiencia reciente en OpenAI y Anthropic. Coxon acusó a las empresas de "jugar con nuestras vidas" en la carrera tecnológica y afirmó en la red social X que quienes desarrollan estos modelos consideran seriamente que podrían representar una amenaza existencial antes de que termine la década.
Las advertencias de Coxon resonaron de inmediato en la cúpula del sector:
Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, instó a las firmas a moderar el ritmo de despliegue ante los peligros de una "superinteligencia" artificial.
Sam Altman, jefe de OpenAI, y Elon Musk, titular de xAI, respaldaron las preocupaciones sobre los riesgos y la necesidad de una mayor supervisión.
A contramano de los pedidos de cautela, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, advirtió sobre las consecuencias geopolíticas de restringir la innovación estadounidense. "Si el Congreso se precipita y convoca una sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso supone una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses", afirmó Johnson en declaraciones a CNN.
El líder legislativo remarcó que el objetivo debe ser no sofocar el liderazgo tecnológico del país y adelantó que conversó con Trump sobre la posibilidad de convocar a los principales ejecutivos del sector al Capitolio para definir un marco regulatorio responsable.
