
Panamá declara el estado de emergencia tras el terremoto y moviliza US$ 100 millones para la reconstrucción
El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional para responder a los daños causados por el terremoto que sacudió al país el viernes. La medida, aprobada por el Consejo de Gabinete bajo instrucciones directas del presidente José Raúl Mulino, autoriza la movilización inmediata de US$ 100 millones destinados a la asistencia humanitaria, la reparación urgente de infraestructuras y la atención en las comunidades más golpeadas.
La decisión oficial se tomó tras analizar los relevamientos preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de los equipos desplegados en las zonas de impacto. De acuerdo con el balance actualizado de la institución, el sismo dejó un saldo de 27 personas con lesiones leves a moderadas, sin que se hayan reportado víctimas fatales. En el plano material, las autoridades contabilizan afectaciones en 419 escuelas, 21 centros de salud y al menos 426 viviendas, mientras continúan las evaluaciones ante el registro de réplicas continuas.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, enfatizó que la prioridad inmediata del Ejecutivo consiste en asistir a las familias damnificadas, garantizar la asignación ágil de fondos y articular una respuesta institucional coordinada. En esa línea, el mandatario ordenó a los integrantes de su gabinete permanecer en el terreno para acelerar los trabajos de recuperación.
Para supervisar la ejecución de los recursos, el Ejecutivo estableció una comisión de alto nivel encabezada por Orillac junto al ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, y la viceministra Mirna Luque. El equipo coordinará la ayuda humanitaria, canalizará las donaciones y planificará el cronograma de reconstrucción.
En paralelo, se habilitó el Parque Omar, en la capital panameña, como centro principal de acopio para recibir agua potable, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. En el interior del país, las sedes de las gobernaciones provinciales operarán como puntos logísticos de recepción y distribución para abastecer a las comunidades aisladas o afectadas.


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