Se profundiza el conflicto entre Tinogasta y Fiambalá por la Zona Franca

La aprobación en la Cámara de Diputados del convenio de adhesión para la Zona Franca de Tinogasta volvió a encender la disputa territorial con Fiambalá. Frente a las críticas de sectores vecinales y referentes locales que reclaman la radicación exclusiva en su distrito, la senadora provincial Pamela López defendió el tratamiento legislativo, desmintió cualquier intencionalidad política y remarcó que la decisión final sobre la localización quedará en manos del Poder Ejecutivo provincial.

López explicó en LA BRÚJULA que las modificaciones introducidas en Diputados buscaron dar lugar a las dos posturas. "Estimo que las modificaciones que se hicieron en Diputados se hicieron porque se escucharon a las voces de ambas jurisdicciones municipales", afirmó la representante departamental, quien además recordó que la provincia debía ratificar el acuerdo marco con la Nación para evitar parálisis administrativas: "Teníamos que avanzar en el convenio porque si no seguimos discutiendo sobre algo que todavía no tenemos".

El núcleo del reclamo de Fiambalá se concentró en la exigencia de ser sede principal del enclave y no una extensión secundaria. La senadora relató las gestiones previas en Buenos Aires y las audiencias en la Legislatura, donde se evidenciaron las diferencias documentales entre ambas administraciones. "Expresaban que solamente eran promesas lo que ellos habían traído, que ellos necesitaban que eso se pueda expresar en algún tipo de documentación para poderle llevar tranquilidad a su gente", detalló respecto a la comitiva fiambalense.

En esa línea, López trazó una diferencia con la situación dominial de los terrenos. "Eso es lo que todavía no tenemos claro, si es que el municipio de Fiambalá tiene o no el espacio físico en condiciones, en condiciones netamente en cuanto a la propiedad, si el municipio es realmente propietario del sector en donde estima que se va a instalar la zona franca", advirtió. Según explicó, su postura responde a antecedentes concretos: "No hay ninguna intención subjetiva, sino que son gestiones que conocemos porque la hemos seguido de cerca. En el caso del municipio de Tinogasta, tiene todo lo que es el terreno ya destinado y es lo que se ofreció para llegar a la firma del convenio".

Consultada sobre los cuestionamientos que le hicieron dirigentes de Fiambalá por una supuesta defensa corporativa de la cabecera departamental, la legisladora rechazó los reproches personales. "He sido de las más atacadas también por el tratamiento del proyecto", señaló, y planteó la inviabilidad de fragmentar el impacto económico: "Es muy difícil pensar que una comunidad se va a beneficiar y la otra se va a perjudicar, sea cual sea la actividad. Es muy difícil pensar si la gente se va a beneficiar solo Tinogasta, en el caso de que se instale allí, y no la gente de Fiambalá. Estamos a escasos kilómetros de distancia".

López enfatizó que el objetivo central del proyecto es la generación de empleo en toda la región y remarcó la responsabilidad que le cabe a las administraciones comunales. "Lo que pasó específicamente con el tema de la zona franca es que hubo un municipio que gestionó la instalación y el otro que no la gestionó. De pronto la culpa es de la senadora, es del diputado nacional, es del gobernador, y nos olvidamos de que tenemos intendentes dentro de nuestras jurisdicciones también que deben instar algunas gestiones", aseveró.

Con el despacho girado por Diputados, el texto legal faculta al Ejecutivo provincial a definir la radicación en Tinogasta o en Fiambalá. La senadora insistió en que el Gobierno considerará la solidez de los expedientes técnicos ya remitidos a la Nación para licitar las obras y dar certidumbre a las inversiones. "El convenio no llega solo. Para armar pliegos de licitación tenemos que tener un terreno en condiciones para ello, con darle la seguridad jurídica al que va a invertir de que ese terreno tiene propietarios, que es el Estado provincial o que es el municipio", concluyó.