Advierten que la reforma de la Ley de Salud Mental provocará un retroceso y creará barreras de acceso

La discusión sobre las modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) en el Senado de la Nación reactivó los reparos de las carteras sanitarias provinciales. En Catamarca, la secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, licenciada María Florencia Acosta, advirtió que el dictamen mayoritario impulsado en el Congreso no contempla la realidad de las provincias y amenaza con desmantelar los avances conseguidos desde la sanción de la normativa en 2010 y su reglamentación en 2013.

Para la funcionaria catamarqueña, el proyecto en debate genera preocupación transversal entre los ministros de Salud del país. "Proponer una reforma de una ley que en su espíritu ha defendido los derechos humanos y ha avanzado hacia la garantía de esos derechos, primero tiene que ser muy bien planteado, por qué cambiaríamos un modelo en el que creemos, apostamos y que ha dado resultados", sostuvo Acosta, quien remarcó que las objeciones apuntan de lleno a los puntos que significarían "una barrera de acceso al sistema de salud".

Uno de los ejes más conflictivos radica en los requisitos para las internaciones involuntarias. La iniciativa legislativa busca imponer de manera excluyente la firma de un médico psiquiatra para avalar la medida de urgencia, lo que dejaría sin efecto el criterio interdisciplinario vigente. Actualmente, la ley contempla la firma conjunta de un psicólogo o psiquiatra sumada a la de otro profesional de la salud (trabajadores sociales, enfermeros especializados o acompañantes terapéuticos).

Acosta expuso en LA BRÚJULA la inviabilidad operativa que representaría ese cambio en el interior del país. "La psiquiatría es una especialidad médica y no tenemos la cantidad suficiente como para cubrir todas las guardias de salud mental de toda la provincia con un médico psiquiatra que pueda garantizar con su firma el acceso de una persona que lo necesita a una internación", explicó. Según detalló, en Catamarca las internaciones involuntarias ya se efectúan cuando el equipo de salud detecta una situación de "riesgo cierto e inminente para su vida o para la vida de otros", con posterior auditoría del Órgano de Revisión y de la Justicia. Reclamar la presencia obligatoria de un psiquiatra, remarcó, dejaría desamparados a pacientes en crisis severa.

La funcionaria cuestionó también el regreso implícito de las instituciones monovalentes bajo el rótulo de centros especializados, modelo que en la provincia tuvo su correlato histórico en el neuropsiquiátrico La Merced. "La reforma habilita a que podamos volver a crear lo que nosotros conocemos como los viejos manicomios. Nosotros hemos tenido más de quince años de avance en relación a desandar ese camino y descentralizar esos espacios, para que los hospitales generales puedan recibir personas con padecimiento de salud mental", subrayó, alertando sobre el riesgo de retroceder hacia la concentración y el estigma.

El recorte conceptual en materia de adicciones constituye otra de las alertas provinciales. Acosta señaló que el proyecto reduce el marco legal al hablar únicamente de consumos problemáticos de sustancias, dejando afuera problemáticas crecientes. "El abordaje que hemos alcanzado tampoco se realiza con el foco puesto en la sustancia. La nominación es lo que nos va a determinar los modos de abordaje; no es menor, porque hoy atraviesan a las personas consumos problemáticos digitales, la ludopatía o las apuestas online", puntualizó.

Frente al escenario en el Congreso de la Nación, la secretaria adelantó que Catamarca busca blindar su modelo asistencial mediante un marco regulatorio propio que se tramita en la legislatura provincial. Se trata de una iniciativa que inició la exministra y diputada Claudia Palladino y que ahora se debate en el Senado local con aportes del Ministerio de Salud. "Una ley se tiene que construir con las voces y las miradas federales. No todas las provincias tenemos la realidad de Buenos Aires", concluyó Acosta, al tiempo que recordó que ante situaciones familiares críticas y emergencias, la comunidad tiene a disposición la línea telefónica gratuita 135 para asesoramiento y articulación territorial.