Crecimiento exponencial de causas por abusos sexuales en la Justicia Penal Juvenil y alerta por violencia digital

El fuero penal juvenil experimenta desde 2019 un incremento constante en los expedientes vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sergio Daniel Véliz, defensor penal juvenil, remarcó en LA BRÚJULA que las estadísticas judiciales reflejan esta tendencia desde la implementación de la justicia especializada en la provincia:

"Desde el 2019 para acá, o sea todo pospandemia, el crecimiento ha sido muy importante en relación a los delitos contra la integridad sexual".

Dentro de ese universo, los hechos cometidos a través de plataformas virtuales y dispositivos móviles representan una porción cada vez mayor del trabajo en los tribunales.

El funcionario judicial puso el foco en las conductas cotidianas de los adolescentes en entornos digitales, donde la naturalización del intercambio de material privado deriva en causas penales. "Los chicos tienen muy internalizado el compartir, que por ahí a veces en una relación de noviazgo es algo consentido, en el cual le manda la foto o le manda el video, y después se rompe esa pareja o lo hace porque quiere, lo manda en un grupo y eso ya genera un delito y un delito grave", detalló Véliz. En esa línea, remarcó la desproporción entre la inmediatez del acto y el impacto posterior: "Son segunditos, milésimas de segundo para apretar el botón de enviar, pero le aseguro que van a ser años de sufrimiento para esa víctima y también años de sufrimiento para él".

Frente al avance de maniobras con inteligencia artificial para trucar rostros o falsificar desnudos de compañeros de escuela, Véliz advirtió sobre el encuadre procesal que ya aplica la Justicia. Cuando media la creación, distribución o comercialización de estas imágenes, los hechos quedan subsumidos en el artículo 128 del Código Penal bajo la figura de pornografía infantil, con escalas punitivas severas. En otros casos, como los abordados en la provincia de Córdoba, la conducta se investiga como lesiones graves agravadas por violencia de género, al amparo de la Ley Olimpia, debido al estrés postraumático y al daño psicológico directo sobre la víctima menor de edad.

Respecto a las reformas legales y el debate de fondo sobre el sistema, el defensor descartó que se hayan incorporado figuras típicas inéditas y precisó el verdadero alcance de las modificaciones. "Los delitos en sí ya están. Lo que se ha bajado es la edad a partir de la cual van a responder por esos delitos", puntualizó. A su vez, explicó que antes existía un piso de pena mínima de dos años para habilitar la imputación penal juvenil, restricción que fue eliminada para dar paso a la totalidad del catálogo punible: "Hoy entran todos los delitos; lo que ha cambiado es la condición en la cual le va a tocar afrontar el proceso".

Véliz aclaró que una defensa técnica especializada no persigue la impunidad, sino velar por las garantías procesales y procurar la responsabilización del imputado con fines restaurativos. No obstante, admitió que ante delitos de gravedad existen consecuencias efectivas que van desde la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico hasta el encierro en centros especializados. En el caso local mencionó el Centro de Derivación Santa Rosa, respecto del cual señaló que "se estarían haciendo adecuaciones porque no está en las condiciones que establece la ley y los estándares internacionales". Asimismo, recordó que la normativa vigente compromete de manera directa al núcleo familiar: "El sistema penal juvenil hoy establece la responsabilidad del entorno también, que es una responsabilidad civil donde los padres van a responder por los hechos de sus hijos".