Frente a la suspensión de servicios programada para este miércoles y jueves en clínicas de distintos puntos del país, los sanatorios privados de Catamarca resolvieron no acatar el paro y atender de manera habitual. La decisión busca evitar un impacto directo sobre la salud de los afiliados, en medio de un escenario de fuerte deterioro prestacional y aranceles congelados desde hace cerca de dos años.
El presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca (FECLISA), Jorge Saavedra, explicó en LA BRÚJULA la postura de las instituciones locales: "Las clínicas, por lo menos, hemos resuelto no hacer el paro para no perjudicar aún más a los abuelos, o sea que el impacto en Catamarca no va a ser muy importante; las clínicas van a atender normalmente".
Pese a garantizar la operatividad de los centros asistenciales, Saavedra calificó de "desastroso" el funcionamiento vigente de la obra social. Según detalló, el conflicto central excede el retraso en los pagos y radica en el severo recorte de cupos para estudios diagnósticos. "Un cardiólogo que realizaba 100 estudios de eco Doppler por mes, ahora solo puede hacer cinco estudios. De 100 se lo bajaron a cinco. Hay casi el 90% de los afiliados que se hacían estudios que ya no se pueden hacer", puntualizó, marcando que el mismo cuello de botella afecta a ecografías, radiografías y tomografías.
Esta política de topes administrativos traba también las prácticas de mayor complejidad médica. Para acceder a una hemodinamia ante un cuadro coronario o patologías vasculares, el sistema exige un eco Doppler previo que ningún especialista puede programar por falta de cupo. "Es un círculo vicioso que armó el PAMI que es nefasto para la gente", denunció el titular de FECLISA, al señalar que la obra social busca restringir autorizaciones para achicar su propio gasto.
En Catamarca, el sector de internación y segundo nivel absorbe las urgencias y los estudios necesarios en pacientes internados sin trasladarles costos, asumiendo la carga económica de prácticas que la mutual demora o rechaza. La situación se vuelve crítica en los tratamientos ambulatorios o de primer nivel, donde los jubilados terminan obligados a pagar de su bolsillo en el ámbito privado o recaer en un hospital público que no siempre cuenta con aparatología de alta complejidad.
"El ajuste en salud lo paga la gente", remarcó Saavedra, quien advirtió que con haberes mínimos de 300 mil pesos los afiliados no llegan a cubrir medicamentos básicos, mucho menos estudios médicos particulares. Mientras a nivel federal las medidas de fuerza podrían profundizarse si no hay respuestas de las autoridades centrales, las clínicas catamarqueñas continuarán recibiendo pacientes de urgencia para evitar que los adultos mayores queden librados a su suerte en sus casas.
