Daniel Arroyo advierte que la ley de discapacidad no alcanzará sin partidas presupuestarias reales

La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad encendió una luz de expectativa, aunque su impacto real dependerá de tres pasos concretos. El politólogo y exministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, advirtió en LA BRÚJULA  que la norma corre el riesgo de quedar en letra muerta si el Poder Ejecutivo no da un giro respecto a la política de ajuste aplicada al área.

Para que la ley entre en vigencia de verdad, Arroyo planteó tres condiciones. La primera es la sanción en el Senado, donde descuenta un respaldo mayoritario. La segunda es que el Gobierno retire del proyecto de Presupuesto el recorte enviado hace un mes. La tercera, indispensable para la operatividad del sistema, exige incorporar artículos que asignen fondos específicos y garanticen financiamiento continuo a las prestaciones. Las señales oficiales previas van a contramano: hace apenas una semana, el secretario de Hacienda expuso en el Congreso su rechazo a la iniciativa impulsada por la propia oposición dialoguista y sectores oficialistas.

El colapso cotidiano golpea a familias y prestadores. Hoy existen 300.000 personas con el Certificado Único de Discapacidad tramitado y los estudios médicos completos que no logran cobrar su pensión no contributiva debido al freno administrativo impuesto por la Casa Rosada. En paralelo, las obras sociales y prepagas multiplican trabas burocráticas con formularios interminables para dilatar autorizaciones, mientras los prestadores cobran montos desfasados: un acompañante terapéutico percibe 4.600 pesos la hora a 120 días y a los transportistas se les liquidan 970 pesos por litro de combustible cuando en surtidor cuesta 2.500. Esa brecha empuja al borde de la quiebra a centros de día, hogares y escuelas especiales.

Frente al argumento de las irregularidades en las pensiones, Arroyo desarmó el método oficial de auditoría. El Gobierno dio de baja 140.000 beneficios, de los cuales 110.000 cayeron por fallas de notificación: se enviaron cartas documento a domicilios desactualizados a partir de padrones viejos, lo que impidió cualquier derecho a defensa. El exfuncionario remarcó que las anomalías deben investigarse allí donde un médico otorgó 2.000 altas frente a un promedio general de 200, pero aclaró que las bajas masivas en parajes rurales castigan a un puñado de familias sin mover la aguja fiscal, dejando en evidencia un afán de ajuste antes que un reordenamiento genuino del sistema