El Senado acelera la Ley de Discapacidad y abre el debate sobre el Presupuesto

El tratamiento de la Ley de Discapacidad entró en su etapa decisiva en la Cámara alta con fecha fijada para el próximo 19 de noviembre. En diálogo con la prensa, el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, explicó los motivos que llevaron a los distintos bloques parlamentarios a resignar propuestas de modificación para asegurar la sanción definitiva de la norma antes del cierre de las sesiones ordinarias.

"Hay una frase que dice que lo urgente es enemigo de lo importante, pero en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que es una urgencia y es importante. Nosotros como bloque y muchos otros senadores querían hacer cambios, hay pequeños errores que se le puede mejorar a esta media sanción. Pero así como hubo un consenso entre los diputados porque se alcanzaron 237 votos, nosotros tenemos que dar un paso al costado de querer hacer modificaciones para que esto rápidamente se trate", detalló el legislador.

Remarco en LA BRÚJULA  que la aceleración parlamentaria responde de forma directa a la movilización de la comunidad asistencial. "Acá están comprometidas familias, pacientes, prestadores, y esto, como también lo dije en el recinto, no es producto solo de la clase política, sino esto es producto de una presión social de gente que es vulnerable y que se ha plantado porque era necesario que no se los olvide y que se los tenga presente en el presupuesto para que tengan una solución económica a sus problemas".

Entre las observaciones que el senador consideraba oportuno revisar en el articulado original figura el límite de ingresos para conservar el beneficio de la Pensión a la Protección Social vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD). La iniciativa permite a los titulares acceder a empleos formales sin perder la pensión, siempre que sus haberes no superen dos salarios mínimos. Sobre este punto, Andrada sostuvo, "habla que tiene que haber un límite de dos salarios mínimos vitales y móviles para que, si se excede ese valor, pierde la pensión. Y yo no estoy de acuerdo, creo que eso hay que elevarlo. Se pueden tener empleos que tengan un poco más de ganancia salarial y mantener la pensión. Pero a esto hay que sacarlo urgente, después habrá tiempo para hacer una mejor ley".

Asimismo, el representante catamarqueño puntualizó los plazos previstos en la ley para saldar las deudas con centros de día, transportistas y profesionales. "En el caso de los prestadores, se habla que la deuda, que son aproximadamente 238.000 millones de pesos, se va a dar a partir de los 30 días de la promulgación y no más de 90 días para que se haga efectivo el pago. Se prevé para el año 2027 aproximadamente 600.000 millones de pesos el gasto porque se van a incorporar 200.000 pensiones de discapacidad a la protección social".

El debate sobre la norma abrió también una discusión de fondo sobre la administración de las partidas presupuestarias y la falta de control en salud. "Podemos hacer la mejor ley, buscar el financiamiento, pero si no se cumplen y no se ejecutan los presupuestos, estamos escribiendo al vicio. Yo lo que pretendo es que el Poder Ejecutivo ejecute la ley que nosotros pretendemos o la que ellos también han hecho, pero que el Congreso tenga una capacidad de auditar cómo se ejecuta y si se ejecuta. El jefe de Gabinete puede redireccionar partidas, y muchas veces no tenés los fondos que tenés que tener para realizar esta prestación", advirtió.

En relación con las metas fiscales que sostiene el Ministerio de Economía en un contexto de caída en la recaudación del IVA y presión sobre el superávit, Andrada fue tajante respecto a las prioridades del gasto. "En un presupuesto, para tener una idea, el de este año que viene que son 202 billones de pesos, el 75% es gasto social. Es muy importante que esos recursos lleguen a la gente y sobre todo a lo que estamos hablando, que es la discapacidad. No se puede ajustar en lo social".

Respecto al panorama que enfrentan las provincias por la falta de un Presupuesto formal aprobado por el Congreso, el legislador remarcó la incertidumbre en el interior del país, "Las provincias necesitamos presupuesto porque por lo menos nos da previsibilidad del gasto. Cuando el gobierno no tiene presupuesto puede reconducir el del año pasado y le da más elasticidad para hacer este manejo. Nosotros dependemos de las transferencias automáticas y no automáticas, de la previsión de la obra que tenemos que realizar, y al no tener presupuesto se nos complica", aseguró.