La abogada especialista en discapacidad, Elizabeth Aimar, denuncia que el proceso de revisión a nivel nacional se realiza "sin perspectiva de discapacidad", provocando suspensiones masivas e injustas y una fuerte estigmatización del colectivo.
Actualidad28 de agosto de 2025
Una auditoría a nivel nacional sobre las pensiones por discapacidad ha generado una crisis para miles de beneficiarios, quienes descubren la suspensión o baja de su prestación al momento de ir a cobrarla. Según la abogada Elizabeth Aimar, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social, el proceso está "mal pensado, sin perspectiva de discapacidad", lo que ha resultado en un desastre con graves consecuencias sociales y administrativas.
La problemática, que afecta a todo el país, incluyendo la provincia de Catamarca, carece de cifras claras sobre el número de pensiones afectadas o auditadas. Sin embargo, los datos a nivel nacional son alarmantes: de 997,000 personas citadas para la auditoría, solo 451,000 asistieron. La propia Agencia Nacional de Discapacidad tuvo que reconocer que un 46,27% de las personas citadas nunca recibió la notificación correspondiente.
En diálogo con LA BRÚJULA Aimar critica duramente la metodología empleada para contactar a los beneficiarios. "No puedo tener notificada una persona por el boletín oficial, que es lo que sucedió, no puedo tener notificada una persona por una carta documento que no sabemos si fehacientemente le llega", afirmó. La especialista señala que se omitió la realidad de un grupo social desfavorecido, que a menudo carece de datos móviles o acceso a una computadora para actualizar su domicilio en plataformas como Mi ANSES.
La falta de "perspectiva de discapacidad" se evidencia en la nula consideración de las barreras que enfrentan los beneficiarios, como personas no videntes, con problemas de audición, parálisis cerebral o adultos mayores, para quienes un trabajo de campo con notificaciones presenciales era indispensable.
Consecuencias más allá del recorte
El impacto de las auditorías "mal llevadas" desborda la pérdida del ingreso económico, que ronda los 280,000 pesos y es vital también para el acceso a la salud. Las consecuencias directas incluyen:
Judicialización: Se genera un "estipendio jurisdiccional" al sobrecargar a los tribunales con recursos de amparo para restituir pensiones quitadas injustamente.
Retroceso en derechos: Las asociaciones dedicadas a promover la vida independiente de las personas con discapacidad ahora deben desviar sus esfuerzos a resolver la pérdida de pensiones, un tema que se creía superado.
Estigmatización social: El proceso ha fomentado la idea errónea de que los beneficiarios son "truchos" o que cualquiera puede acceder a una pensión, generando comentarios discriminatorios y desinformados en la sociedad.
Guía de acción para los afectados
Ante la incertidumbre, la Dra. Aymar recomienda a los beneficiarios no quedarse de brazos cruzados y seguir los siguientes pasos:
Acercarse a la delegación más cercana: Es el primer paso a realizar, ya que la comunicación por otros medios puede estar colapsada.
Contactar a asociaciones de discapacidad: Pueden ofrecer asesoramiento y derivar los casos. La Red de Asistencia Legal y Social (RALyS) es una de las que trabaja a nivel nacional.
Revisar el domicilio de notificación: Las notificaciones se enviaron al domicilio registrado cuando se otorgó la pensión.
Es clave intentar contactarse con vecinos o personas en esa dirección para recuperar una posible carta.
Actualizar datos en Mi ANSES: Quienes no han recibido notificaciones deben intentar actualizar su domicilio en la plataforma para prevenir futuros problemas.
Conservar los tickets de cobro: Se aconseja guardar los comprobantes que emite el cajero automático o el banco como registro.
Para casos como el de Catamarca, donde la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad no está activa, la recomendación es contactar a asociaciones locales o utilizar el portal de Mi ANSES para verificar el estado de su situación.
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