El abogado Pablo Olmos acusa a Diego Españolo y a la Jefatura de Gabinete de montar una auditoría "plagada de vicios" y con "dolo" para suspender más de 111.000 beneficios. La maniobra habría incluido la no notificación deliberada de los afectados, la falta de criterios legales para evaluar y contrataciones arbitrarias.
Actualidad02 de septiembre de 2025
Una grave denuncia penal fue radicada en la Justicia Federal de Córdoba contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnolo por la presunta implementación de un plan deliberado para suspender masivamente pensiones por invalidez. La acusación, presentada por el abogado Pablo Olmos, se extiende a la Jefatura de Gabinete de Ministros, liderada por Karina Milei, por haber ejecutado una auditoría que, según el letrado, "está plagada de vicios y estos vicios no representan simples problemas administrativos, sino que verdaderamente están cargados de dolo y constituyen verdaderos delitos penales"., afirmó a LA BRÚJULA
La acción judicial surge a raíz de las advertencias de Elizabeth Aimar, responsable de una red nacional de ayuda a personas con discapacidad, quien calificó el proceso como una "auditoría mal pensada, sin perspectiva de discapacidad". Según la denuncia, lejos de buscar una mejora, la auditoría generó "un desastre".
El doctor Olmos sostiene que la maniobra fue intencional y no producto de una mala gestión. Los principales puntos de la denuncia se centran en tres irregularidades clave:
Falta de Notificación Deliberada: La acusación principal es que se impidió el legítimo derecho a la defensa de los beneficiarios al no notificarles debidamente sobre la auditoría. Se alega que las primeras notificaciones, que debían ser distribuidas por el Correo Argentino, "no fueron repartidas". Esto obligaba a las personas a acudir a las sucursales para averiguar si tenían una carta documento esperándolos. De las 997.654 cartas que supuestamente se enviaron, más de 504.000 nunca llegaron a destino. A raíz de esta falla, 111.463 personas vieron suspendido su beneficio por no presentarse.
Inexistencia de parámetro legal: La auditoría se llevó a cabo "sin tener ningún tipo de parámetro" legal para determinar quién era elegible para una pensión. Olmos explica que la resolución que establecía los criterios fue derogada y no se la reemplazó, dejando a los auditores sin una guía oficial y abriendo la puerta a la arbitrariedad. Esto, según el denunciante, constituye un "abuso de autoridad".
Contrataciones Irregulares: La denuncia también pone el foco en la contratación "de manera arbitraria" de consultorios privados para realizar una tarea tan sensible como el análisis de la situación de discapacidad de una persona. Además, se señala una grave irregularidad en la logística: mientras no hay registro público de un supuesto contrato por 13 mil millones de pesos con la empresa Andriani para repartir las intimaciones iniciales, sí figura un contrato por 22 mil millones de pesos con el Correo Argentino para notificar las bajas ya efectuadas.
El Impacto Humano y la Saturación del Sistema
Las consecuencias de esta auditoría han sido devastadoras. Además de las miles de personas que se quedaron sin su único sustento económico, la medida generó una saturación del sistema de salud. Cientos de miles de personas salieron a buscar turnos para estudios, análisis y radiografías para poder revalidar su condición, enfrentándose a largos plazos y altos costos. "Las personas no son un número, hay que analizar caso por caso", afirmó Olmos, reconociendo que si bien pueden existir pensiones mal otorgadas, el método implementado perjudicó a miles que sí la necesitan.
Ante este escenario, el abogado considera que la vía administrativa es un "círculo" que no conduce a ninguna solución "porque la decisión política de sacarle la plata está dada". Por ello, recurrió a la justicia penal como única alternativa urgente, solicitando que se dicte el "cese de los efectos del delito", es decir, que se ordene el restablecimiento de los pagos hasta que la situación se aclare y se realice una auditoría de manera legal. La denuncia, de confirmarse, podría poner en tela de juicio uno de los pilares del actual gobierno: la lucha contra la corrupción.
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