En un doloroso contraste, mientras en el Congreso Nacional se lograba un respiro para el sector con el rechazo al veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad, en Catamarca decenas de familias se sumergían en la angustia y la incertidumbre. La Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APyFADIM) denunció que se han dado de baja al menos 26 Pensiones No Contributivas a personas con discapacidades motoras severas, en un procedimiento que califican de "arbitrario, insensible e inhumano".
Bazán, relató la dramática situación que enfrentan estas familias, quienes dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas. "La gente va y se da con que no tiene nada para cobrar. Complica totalmente la vida", afirmó a LA BRÚJULA
"Nos enteramos al ir a cobrar"
El aspecto más llamativo de la denuncia es la total falta de comunicación oficial. Según Bazán, la gran mayoría de los afectados no recibió ninguna notificación previa sobre la suspensión del beneficio. Se enteraron de la peor manera posible: frente a la ventanilla del banco, al intentar cobrar el pago correspondiente al mes de agosto. La situación se agrava, ya que en los primeros días de septiembre se han registrado nuevos casos.
Lo que genera mayor indignación es que no se trata de casos dudosos, sino de personas con patologías concretas y visibles. Confirmó que entre los afectados hay personas que se movilizan en silla de ruedas. "Estamos hablando de casos concretos de discapacidad. La ley los cubre", remarcó la presidenta de APyFADIM.
Para estas familias, la pensión, que ronda entre los 280 y 300 mil pesos, es un ingreso vital. "Les sirve y de mucho para ayudar a comprar pañales, sondas, medicamentos", explicó, destacando que a menudo uno de los padres, generalmente la madre, no puede trabajar por dedicarse al cuidado de su hijo a tiempo completo.
Acción Judicial
Frente a esta situación, la organización no se ha quedado de brazos cruzados. "Vamos a presentar un amparo. Esto tiene que tener un cese, no son los mecanismos", aseguró. La presentación judicial se estaba finalizando con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho vulnerado de estas personas.
Consultada sobre si habían recibido asistencia de organismos gubernamentales de la provincia o el municipio, Bazán fue contundente: "No hubo acercamiento. Ni se acercaron, ni preguntaron". Señaló que la única ayuda proveniente del ámbito político fue la de Dalmacio Mera, quien puso a disposición su equipo de abogados, además de otros letrados particulares que se ofrecieron a colaborar.
Un Contexto Nacional Contradictorio
Esta crisis local ocurre mientras a nivel nacional se vive una mezcla de alivio e indignación. Por un lado, la decisión del Senado de rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos a favor y 7 en contra, fue recibida como una noticia que "viene a devolvernos un poquito la tranquilidad en medio de tanta incertidumbre".
Sin embargo, este avance se ve empañado por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una situación que las familias viven con "impotencia, bronca y dolor". "Por un lado sacan plata y para nosotros no hay. Es una situación muy triste", sentenció, resumiendo el sentir de una comunidad que lucha día a día por sus derechos más básicos.
