El juez de Cámara Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, analizó la problemática de la violencia escolar y remarcó que, si bien existe una ley provincial, el abordaje debe comenzar en el hogar. Recordó que los padres son civilmente responsables por los daños que causen sus hijos y criticó la falta de políticas públicas efectivas.
Actualidad17 de septiembre de 2025
El creciente problema de la violencia y el acoso escolar (bullying) no es un fenómeno aislado de ciertos sectores sociales, sino una problemática transversal que interpela a toda la "comunidad educativa", un concepto que va mucho más allá de los docentes y alumnos e incluye, fundamentalmente, a los padres. Así lo afirmó el juez de Cámara Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, quien advirtió sobre una "falla" generalizada en la prevención y apuntó a la responsabilidad familiar como el punto de partida para cualquier solución.
En diálogo con LA BRÚJULA, el magistrado sostuvo que es un error "cargarle demasiado las tintas a los docentes", ya que la escuela se ha convertido en una "caja de resonancia" de los conflictos sociales y familiares que viven los niños. "Hoy en los colegios se detectan casos no solamente de maltrato entre pares, sino también de violencia sexual y otras problemáticas que se originan fuera del aula", explicó.
Desde una mirada judicial sobre la infancia, Morabito hizo una distinción clave: "Hay que diferenciar lo que es una pelea común de un conflicto sostenido en el tiempo, que es humillante y que produce daños físicos y psicológicos, como el bullying".
La Responsabilidad Parental y el Marco Legal
Fue enfático al señalar uno de los principales obstáculos para un abordaje efectivo: la negación en el hogar. "Siempre creemos que nuestros hijos van a ser víctimas y nunca ponemos el acento en que pueden llegar a ser victimarios. ¿De dónde sacó el arma el adolescente de Mendoza? ¿Qué pasó en su casa?", cuestionó.
Recordó que Catamarca cuenta con la Ley Provincial N° 5.402 para el abordaje del maltrato escolar, una normativa que promueve una "cultura de la paz" y que define a la comunidad educativa como una "familia" que integra a directivos, docentes, alumnos y, de manera ineludible, a los padres y madres.
Asimismo, aclaró las consecuencias legales de estos actos. Explicó que si un menor está en edad de ser punible, deberá "responder ante la justicia penal". Si no lo está, debe intervenir el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, subrayó un punto que muchos padres desconocen: "Los padres tienen que responder pecuniariamente. Está establecido en el Código Civil", refiriéndose a la responsabilidad económica por los daños que sus hijos ocasionen a terceros.
Finalmente, el juez lamentó la falta de políticas públicas de prevención eficaces. "En un Estado democrático de derecho como el nuestro, la prevención siempre viene fallando y siempre estamos atrasados. Es necesaria, pero la prevención empieza en el hogar", concluyó.
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