Advierten que no ratificar la norma seria un "golpe muy duro"

El sistema universitario público argentino enfrenta horas decisivas. En una jornada clave donde la Cámara de Diputados tratará la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Daniel Alpa, advirtió que no ratificar la norma sería un "golpe muy duro" para las casas de altos estudios. En una entrevista concedida a LA BRÚJULA también rector de la Universidad Nacional de La Pampa, detalló un panorama crítico, marcado por un profundo desfinanciamiento que ya provocó la renuncia de unos 10.000 docentes en los últimos ocho meses.

​La principal alarma se centra en la propuesta de presupuesto para el año 2026, que, según Alpa, es prácticamente idéntico al actual en términos nominales, consolidando la pérdida de poder adquisitivo y profundizando el ajuste. "No recupera en nada el 40% que se ha perdido, que el mismo gobierno ha reconocido en estos 20 meses, y además lo profundiza porque se sigue perdiendo contra la inflación proyectada", sentenció.

​Las cifras exponen la magnitud del desfasaje: mientras el CIN calculó que se necesitan 7.3 billones de pesos para el correcto funcionamiento del sistema, el presupuesto propuesto para el año que viene apenas supera los 4.8 billones de pesos. "Si multiplicamos el valor que estamos recibiendo hoy con los aumentos salariales, estaría en 4.7 billones, con lo cual la diferencia del 4% que quedaría por encima sería muy inferior a la inflación del 10%", explicó Alpa, confirmando una nueva pérdida en términos reales.

​Consultado sobre las consecuencias directas si este escenario se materializa, el titular del CIN fue tajante. Afirmó que sería "muy complicado seguir con el sistema universitario argentino", pronosticando una "pérdida de docentes, pérdida de calidad, de estudiantes" y un deterioro general por la "falta de mantenimiento del sistema". Advirtió, además, que el acceso podría volverse más restrictivo, afectando principalmente a los alumnos del interior. Proyectos de expansión, como la creación de la carrera de Medicina en Catamarca, no tendrían viabilidad.

​Para Alpa, el debate trasciende los números y se instala en el plano ideológico. Calificó las críticas recurrentes sobre la productividad de las universidades o los salarios de sus autoridades como "excusas para no mantener un sistema universitario" que, según recordó, cuenta con el respaldo del 80% de la población. Manifestó su temor de que algunos legisladores que ya votaron a favor del proyecto puedan cambiar su postura por "otros intereses que están por fuera del sistema universitario".

​Finalmente, rechazó de plano la posibilidad de arancelar la educación superior. "No estamos de acuerdo para nada, y eso significaría de vuelta destruir el sistema que durante más de 100 años venimos construyendo en la Argentina", concluyó. La votación de hoy en el Congreso no solo definirá una ley, sino que podría sellar el futuro inmediato de la educación pública en el país.