El sistema universitario nacional se prepara para una batalla legal de gran envergadura. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en una decisión unánime, resolvió accionar judicialmente contra el Gobierno Nacional. La medida es una respuesta directa a la decisión del Ejecutivo de suspender, mediante un decreto, la aplicación de la ley de financiamiento universitario que el Congreso de la Nación había aprobado.
Oscar Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), confirmó a LA BRÚJULA la decisión y fue tajante al describir la maniobra del gobierno: "Un decreto es un instrumento legal de menor orden que una ley y que por decreto no están en condiciones de suspender (la ley). Y que esto sería absolutamente inconstitucional".
El rector explicó que, si bien el gobierno promulgó la ley, simultáneamente frenó su aplicación argumentando que el Congreso no definió las partidas presupuestarias.
La disputa legal se produce en medio de una asfixia económica para las casas de altos estudios, que por segundo año consecutivo funcionan sin un presupuesto nacional actualizado, operando con una prórroga del de 2022. Aunque Arellano reconoció que el gobierno envió los fondos, estos "paulatinamente se han ido disminuyendo por[que] han ido perdiendo contra la inflación".
El impacto más grave de esta situación, según el análisis del rector, es la crisis salarial. "Hoy nos encontramos con una situación compleja que es aproximadamente 30-40% de pérdida de poder adquisitivo de los empleados docentes y no docentes", afirmó Arellano.
Advirtió que esta situación es especialmente crítica para los docentes con dedicaciones simples o semiexclusivas, muchos de los cuales ya tienen salarios "por debajo de la línea de pobreza, claramente". Desde la perspectiva educativa, la consecuencia es directa: "Esto dificulta, sin ninguna duda, el dictado de clases de en el mejor nivel y pone en riesgo la calidad educativa".
Actualmente, el CIN está definiendo la estrategia procesal: analizan si presentarán una acción colectiva de todas las universidades juntas o si cada casa de estudios lo hará de forma individual. Arellano adelantó que, de optarse por un amparo, la justicia debería resolverlo "rápidamente".
Finalmente, si bien el rector se mostró respetuoso de las medidas gremiales, consideró que la estrategia de paros puede ser "inconducente" en este momento, opinando que el camino más efectivo es la vía judicial ya iniciada.
