Una fuerte controversia se ha desatado en el ámbito sanitario tras las declaraciones de la Lic. Lorena Diblasi, biotecnóloga y personal de apoyo profesional del CONICET, quien anunció la presentación formal de un estudio que denuncia la presencia de más de 50 compuestos no declarados en las vacunas contra el COVID-19 administradas en Argentina.
El informe, que será expuesto el próximo jueves 27 de noviembre en el Congreso de la Nación, recopila datos obtenidos desde 2022 mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido y espectrometría de masas, aplicadas a viales de laboratorios como AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Cansino, Sinopharm y Sputnik.
Hallazgos denunciados y metodología
Según detalló la especialista a LA BRÚJULA , los análisis realizados —algunos propios y otros tercerizados— habrían arrojado resultados incompatibles con las fichas técnicas oficiales de los fabricantes.
"Encontramos elementos como cadmio, cromo, aluminio, titanio y tierras raras como lantano y disprosio, que no forman parte de la fórmula declarada", sostuvo Diblasi.
El punto más crítico se centra en la presunta detección de óxido de grafeno, un material que la investigadora califica como "tóxico" para el organismo humano. "No son solo metales, hay nano y micropartículas que no deberían estar allí según los estándares de la farmacopea", agregó.
Cuestionamientos a la Farmacovigilancia
La denuncia no se limita a la composición química de los inóculos, sino que apunta a una crisis en el sistema de Farmacovigilancia (ESAVI). Diblasi argumenta que existe un subregistro alarmante de efectos adversos graves post-vacunación, mencionando casos de trombosis, afecciones neurológicas, amputaciones y tinnitus.
"Hay una gran cantidad de reclamos administrativos y causas judiciales, tanto civiles como penales. Los médicos están elevando los reportes al sistema SISA, pero la información no se está haciendo pública ni se están tomando medidas", afirmó, haciendo referencia a la causa judicial 12096/2023 radicada en los tribunales de Comodoro Py.
El marco legal y la respuesta oficial
La investigación plantea un escenario complejo respecto a los contratos firmados durante la pandemia. Diblasi cuestionó que los acuerdos se hayan rubricado bajo leyes de confidencialidad y en el ámbito del Ministerio de Defensa, sugiriendo que esto dificultó los controles de calidad habituales que deberían realizar los organismos reguladores.
"El argumento de que las vacunas son seguras y efectivas contrasta con los daños que estamos documentando. Estamos ante un problema de salud pública que requiere transparencia inmediata", concluyó.
