Históricamente, el sistema argentino se basó en que el Estado "oferta educación" y se hace cargo del financiamiento integral: salarios docentes, mantenimiento, servicios y materiales didácticos. Sin embargo, la nueva propuesta busca dinamitar esta lógica.
"El proyecto plantea que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de la oferta educativa", explicó Buccino. Bajo este modelo, el dinero que antes iba a las instituciones se entregaría a las familias a través de un voucher. Las escuelas, tanto públicas como privadas, deberán organizarse para captar ese financiamiento a través de la matrícula. "Todas entran a competir entre sí para obtener los recursos necesarios para poder solventarse", sentenció en LA BRÚJULA
El riesgo de la estratificación escolar
La mayor preocupación radica en las consecuencias sociales de este "pseudo mercado educativo". Según Buccino, y respaldado por evidencia de la OCDE sobre sistemas similares (como el que Chile está intentando revertir), este modelo no iguala, sino que estratifica.
"Se construye un sistema educativo estratificado", advirtió. Aquellas familias con más recursos podrán complementar el voucher con cuotas extra o aportes comunitarios, contratando mejores docentes y servicios, mientras que las escuelas de sectores vulnerables quedarán relegadas. El riesgo es que las instituciones prioricen el marketing para no perder "clientes" y prestigio, en lugar de enfocarse en la pedagogía inclusiva.
La falacia de la competencia en contextos rurales
Uno de los puntos más críticos del debate es la aplicabilidad de este modelo en la Argentina profunda. En zonas rurales o localidades pequeñas, como la Puna catamarqueña, la competencia es inexistente. "¿Con quién compiten esas escuelas?", se preguntó Buccino, señalando lo ilógico de aplicar leyes de mercado donde no hay masa crítica ni opciones múltiples.
El proyecto también promete mayor autonomía escolar y poder de decisión para los padres, incluyendo la posibilidad de remover directivos. Si bien Buccino se mostró a favor de desburocratizar y dar más autonomía a las escuelas para decisiones pedagógicas, cuestionó que la participación se centre en el control financiero o de personal.
Además, señaló la barrera de la realidad económica: "Hoy los padres participan poco y nada porque están ocupados tratando de llegar a fin de mes", explicó, sugiriendo que trasladar la responsabilidad de la gestión escolar a las familias es desconocer el contexto social actual.
Para el especialista, mejorar la educación no requiere dinamitar el sistema actual. Si bien valoró herramientas como los exámenes finales en el secundario (al estilo Brasil) para medir calidad, concluyó que el objetivo debe ser recuperar la escuela como herramienta de igualdad social, no de segregación. "Para transformar las cosas no se necesita romper nada; hace falta mayor compromiso, pero no bajo una lógica de mercado que desigualará más de lo que ya estamos", finalizó.
