El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado inauguró el período más oscuro de la historia argentina. Durante casi ocho años, hasta diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas ejercieron el poder mediante el terrorismo de Estado: secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de personas, operaron una red de más de 800 centros clandestinos de detención y robaron a centenares de niños. 50 años después, el país sigue marchando en busca de las víctimas.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue un organismo creado por el entonces presidente, Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983, a pocos días de asumir, con el objetivo de ilustrar los hechos ocurridos en nuestro país durante la última dictadura.
Desde la creación del organismo hasta septiembre de 1984, cuando entregó sus conclusiones, la Comisión recibió denuncias y pruebas sobre el destino y paradero de los desaparecidos.
La CONADEP elaboró un listado de 8.961 desaparecidos, esta documentación sirvió de base probatoria para el Juicio a las Juntas. Aún así, la propia comisión aclaraba que ese número no pretendía ser definitivo: surgía de los testimonios y denuncias recibidos en apenas nueve meses de trabajo en un país que salía traumatizado de ocho años de dictadura.
Sin embargo, estas declaraciones no impidieron que discursos negacionistas utilicen la cifra con tal de minimizar las atrocidades cometidas durante la dictadura.
Este informe ha recopilado los nombres de 8.961 personas desaparecidas entre 1976 y 1983.
Sitio web oficial de la Casa Rosada.
Esta información es planteada por el gobierno de manera capciosa ya que, si bien la investigación realizada por la CONADEP indicó esa cantidad de víctimas en base a las denuncias efectivamente realizadas ante este organismo, el enunciado trata a este número como irrevocable y no toma en cuenta la conclusión del propio informe:"Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la CONADEP ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados. Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes."
En 2006, a partir de documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se dieron a conocer documentos de inteligencia donde los militares estimaban en unas 22 mil víctimas, entre personas desaparecidas y asesinadas, registradas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún quedaban más de 5 años de dictadura militar.
El cálculo fue aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército al agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel. Es uno de los documentos que logró sacar a la luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).
Durante la dictadura, diversos organismos de derechos humanos locales e internacionales elaboraron listas y estimaron cifras de desaparecidos en base a pruebas documentadas: la ONG Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre otros. Se hablaba en todos los casos de miles de desaparecidos, pero las cifras eran muy divergentes.
Un Estado que ocultó sus crímenes, desapareció los restos y robó las identidades de los niños, clausurando de forma consciente cualquier posibilidad de verificación empírica.
Emilio Crenzel, sociólogo e investigador del CONICET.
Cuantificar con exactitud el horror nunca ha sido sencillo, más aún sin la información de los propios perpetradores. Cuerpos ocultados, arrojados al río, al mar o en fosas comunes; de apropiación de bebés nacidos en cautiverio, de niños y niñas secuestrados, torturados junto a sus padres; de procedimientos militares y policiales clandestinos e ilegales; de documentos públicos fraguados para robar bienes; de torturas y violaciones sobre cuerpos ya indefensos en centros clandestinos de detención. De archivos que las fuerzas de seguridad nunca entregaron ni revelaron.
No es a las víctimas a quienes hay que reclamarle una cifra exacta y estadística; eso es responsabilidad del Estado (y sus poderes legislativo, judicial y ejecutivo). Es el Estado argentino quien debe decir con exactitud cuántos desaparecidos y desaparecidas hubo (y hay) en el país.
Ludmila Da Silva Catela, antropóloga e investigadora del CONICET.
La cifra comenzó a circular entre los reclamos de los organismos de derechos humanos y finalmente adquirió visibilidad pública en septiembre de 1983, durante la tercera “Marcha de la Resistencia”, con la confección de 30 mil afiches con siluetas de personas que representaban a los miles de desaparecidos.
Los centros de desaparición y tortura que existieron entre 1974 y 1983 —reconocidos oficialmente— son 814. Si tan sólo hubiesen pasado 40 víctimas por cada uno de ellos, bastaría para exceder las 30.000 víctimas.
Se calcula que 4.500 personas pasaron por la ESMA (Buenos Aires), 4.000 por Campo de Mayo (Buenos Aires), 2.500 por La Perla (Córdoba), 2.000 por Vesubio (Buenos Aires) y 1.500 por Club Atlético (Buenos Aires). Solamente con esos cinco centros ya se alcanza al número de 15.000, y aún hay que considerar los restantes 809.
Entonces la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8000 casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Como si contáramos con toda la información.
Martín Kohan, escritor y docente universitario argentino.
La cifra de 30.000 desaparecidos no es un dato estadístico, es una consigna y un lugar de memoria. Un número redondo que se constituyó -así como los 6.000.000 de judíos asesinados durante el Holocausto- para dar cuenta y significar el accionar clandestino y terrorista del Estado. Un número para referenciar el horror.
Es un dato simbólico que tiene una historia: la lucha contra la impunidad, la incertidumbre que viven, aún hoy, los familiares de los desaparecidos frente a la clandestinidad con la que actuó el Estado.
