La reciente resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece un recorte del 35% en el suministro de gas para el sector industrial del Noroeste Argentino (NOA), encendió las alarmas en la región. En diálogo con La Brújula,, la senadora nacional por el bloque Convicción Federal, Carolina Moisés, advirtió sobre las graves consecuencias estructurales y económicas que esta medida tendrá sobre el aparato productivo local, calificando la situación actual como "absurda y contradictoria".
Moisés explicó que la escasez actual es una consecuencia directa de la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra pública del Reversal del Norte, un proyecto clave diseñado para transportar el gas de Vaca Muerta hacia las provincias septentrionales y mitigar el declive del abastecimiento proveniente de Bolivia.
"Esta resolución está supuestamente resolviendo algo que debería haber estado resuelto ya hace tiempo con la culminación de la obra del Reversal del Norte del gasoducto de Vaca Muerta. Esa es la realidad", afirmó la legisladora.
Asimismo, detalló los plazos de ejecución que manejaba la gestión anterior y el cambio de rumbo político que derivó en el escenario de crisis actual: "Nosotros a diciembre de 2023 terminamos casi la obra. Durante ocho meses, Massa hizo el gasoducto, y llevamos dos años y medio donde el Gobierno nacional decidió cortar, paralizar la obra y no terminarla. Por eso es que estamos en esta situación".
La paralización de la infraestructura obliga a la región a depender de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) que llega por barco, lo que desatará un fuerte incremento en las tarifas. Según la senadora, la paradoja radica en que Argentina produce volúmenes históricos de gas para la exportación, pero sus propias provincias del norte no pueden acceder a él por falta de redes de transporte.
"Es ridículo que no se haya planificado y que se haya decidido conscientemente paralizar estas obras. Aparte de ridículo por lo que estás diciendo, también lo es por los montos: nosotros ahora vamos a tener que pensar en el abastecimiento de gas para, por lo menos, Jujuy, Salta y Tucumán, estimado en 2.000 millones de dólares de gasto de consumo, cuando terminar la obra costaba aproximadamente 700 millones de dólares", argumentó Moisés.
La legisladora subrayó además que el proyecto original contaba con financiamiento garantizado en un 60% a través de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Al evaluar el impacto de este esquema de contingencia, apuntó directamente al bolsillo de la comunidad: "¿Quién lo va a tener que pagar si efectivamente hay que comprar ese gas importado nueve veces más caro? Los usuarios, tanto los residenciales como los industriales".
El aspecto más crítico para la economía regional será la enorme brecha de costos que deberán absorber las industrias locales frente a sus competidoras de la zona central del país, debilitando actividades clave como la tabacalera y la azucarera.
"Las condiciones de competitividad de nuestras industrias siguen siendo mucho más complejas, mucho más difíciles. Ahí vamos a estar pensando en 3 dólares el BTU contra 27 dólares el BTU que vamos a tener que pagar en el norte", puntualizó.
Ante esta situación, Moisés adelantó que junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza presentaron un proyecto de comunicación y una declaración legislativa, además de remitir una nota formal a la Secretaría de Energía de la Nación para revertir la medida. "La resolución es una consecuencia de decisiones erróneas que se tomaron desde el Gobierno nacional, de no tener en cuenta que el Norte Argentino tiene el mismo derecho que el resto de la patria", concluyó.
