Un megaoperativo de la Gendarmería Nacional en la localidad de Río Seco, provincia de Tucumán, culminó con el secuestro de 470 kilos de cocaína, un cargamento valuado inicialmente en más de 2,3 millones de dólares. El hecho disparó una exhaustiva investigación judicial que apunta a desarticular una organización de crimen organizado con presuntos nexos transnacionales y vinculada al denominado "Clan Castedo".
El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Dr. Rafael Vehils Ruiz, precisó que se trata de una investigación "muy grande" debido a la sofisticada logística propia del narcotráfico a gran escala. “Esto es crimen organizado y hay bastante gente involucrada. Imagínese que existe la posibilidad de una aeronave, gente que maneja la aeronave, gente que carga la cocaína, gente que la descarga, gente que la vuelve a cargar en una camioneta, gente que la transporta, evidentemente para enfriarla, y después hacer la distribución correspondiente a los distintos puntos”, detalló el funcionario judicial en LA BRÚJULA
El cargamento fue interceptado en la caja de una camioneta en tránsito, donde los bultos estaban dispuestos de manera directa, sin simulaciones sofisticadas. Según Vehils Ruiz, esta modalidad responde a la "premura" del reabastecimiento: “Se bombardea, se carga y se lleva al lugar de acopio”. Los paquetes contaban con envoltorios altamente resistentes —diseñados para soportar los impactos de las descargas aéreas informales o TAI (Transportes Aéreos Informales)— y exhibían un elemento distintivo: “Tenía el famoso sello del delfín, que es una organización que, en principio, estaría vinculada con el Clan Castedo”, confirmó el fiscal, recordando que uno de sus principales líderes se encuentra alojado en el penal de Ezeiza. Por el momento, el único detenido es el chofer del rodado.
El fiscal ratificó la hipótesis de que las organizaciones criminales están desplazando sus bases operativas y logísticas hacia el sur de la región. “La frontera, o el lugar de acopio, se está acercando cada vez más hacia la provincia de Tucumán y ya no tanto, tal vez, a Salta o Jujuy en función de los controles en la frontera”, afirmó, vinculando este hallazgo con el secuestro previo de 300 kilos de sustancia en Catamarca bajo la modalidad de acopio y "enfriamiento". Además, convalidó las estimaciones de sus pares regionales, señalando que las fuerzas federales logran incautar aproximadamente el 25% de la droga que circula por la zona.
La mayor preocupación de las autoridades judiciales radica en la disparidad de recursos para combatir estas estructuras dinámicas. Vehils Ruiz reveló que los gobernadores de la región, entre ellos el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo y de Catamarca Raúl Jalil, mantuvieron reuniones con el Ministerio de Seguridad de la Nación para solicitar infraestructura crítica, tales como la radarización de la frontera norte, escáneres móviles para el control terrestre y el sistema UFED para las pericias telefónicas.
En ese sentido, el fiscal cuestionó con firmeza las políticas de ajuste que afectan de forma directa a las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura y PSA): “Es un poco contradictorio el tema. Queremos proteger y estar más cerca de poder combatir este flagelo, pero cada vez con menos recursos. Se sufrió un recorte en materia de seguridad fronteriza que casi alcanza los 1.900 millones de pesos. Es muy difícil exigir un resultado cuando las herramientas cada vez son menos”, argumentó. Ejemplificó la vulnerabilidad de la región al señalar que Catamarca, con una superficie territorial sumamente extensa y compleja, cuenta actualmente con un solo escáner operativo, dejando rutas totalmente desprotegidas cuando se realiza un procedimiento.
Finalmente, al ser consultado sobre el temor de la sociedad a denunciar el incremento patrimonial injustificado en localidades pequeñas, el fiscal destacó el valor de la colaboración ciudadana. “No hay mejor cámara que la de los vecinos para saber si en algún lugar se está cometiendo un delito. En la medida en que nosotros demos respuestas, la gente va a seguir insistiendo”, enfatizó, instando a la población a radicar las denuncias en los denominados "kioscos" de venta al menudeo.
A partir de esta experiencia, Vehils Ruiz fijó una postura técnica contraria a la desfederalización del narcomenudeo en provincias del interior. Sostuvo que, a diferencia de lo que ocurre en fronteras calientes como Salta o Misiones, dividir las competencias puede atomizar y frustrar las grandes investigaciones criminales: “Las investigaciones más grandes que hemos tenido nosotros, hasta de 21 imputados, empezó por un kiosquito y terminó siendo una investigación transnacional. Por eso no soy muy partidario de la desfederalización; en provincias como la nuestra, me parece que sería más perjudicial que beneficioso”, concluyó.
