El avance de las plataformas de transporte en el NOA ha dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en un urgente desafío de seguridad vial y regulación legislativa. En una entrevista La Brújula, la Dra. Agostina Stivala, Subsecretaria General de Servicios Públicos y Movilidad de la Ciudad de La Rioja, desnudó la compleja realidad que atraviesa la vecina provincia con la aplicación de la Ordenanza N° 6488 —sancionada en 2024—, la cual, a diferencia de otras jurisdicciones, regula tanto a los automóviles como a las motocicletas.
Como especialista en seguridad vial, el dato más alarmante que surge del análisis normativo riojano no es la convivencia con el sistema tradicional, sino la absoluta desprotección en la que viajan miles de usuarios que eligen el servicio de "Moto Uber". Ante la consulta sobre qué tipo de cobertura médica o civil respalda a los acompañantes en caso de un siniestro, la funcionaria fue tajante al reconocer una alarmante falencia en el sistema de pólizas actual.
A diferencia de los vehículos de transporte público tradicionales (como taxis o remises), que cuentan con seguros comerciales específicos para personas transportadas, en el caso de las dos ruedas las exigencias son idénticas a las de un civil particular. «No pedimos un seguro en particular para personas transportadas, sino con el mismo seguro que se le entrega al que compra una moto, con ese puede circular», explicó la Dra. Stivala.
Al ser repreguntada sobre la situación de vulnerabilidad en la que queda el cliente que aborda este servicio, la funcionaria admitió: «Lo que pasa es que hay un vacío legal ahí. De la moto no habla específicamente nada; dice que solamente tiene que tener los accesorios en condiciones, nada más. Eso es lo que dice nuestra ordenanza». Ante este escenario, donde el pasajero carece de respaldo ante una eventualidad que afecte su integridad física, Stivala lanzó una advertencia directa para los usuarios: «Sería lo ideal subirse a un auto».
La funcionaria detalló además el estado de las diferentes firmas que intentan hacer pie en la capital de la vecina provincia, un espejo en el cual Catamarca empieza a mirarse. «Actualmente solo está habilitada Uber», indicó, aclarando que la normativa no les requiere oficinas físicas de atención comercial, aunque «sí tienen un domicilio; deben declarar un domicilio».
Por otra parte, señaló que la firma Maxim «está en trámite de habilitación», mientras que la aplicación DiDi opera por fuera de los márgenes de la ley. «DiDi todavía no tenemos noticias. Sabemos que está trabajando de manera ilegal en toda la ciudad, pero todavía ni siquiera se apersonaron por la dirección de habilitaciones comerciales a solicitar los requisitos», denunció la subsecretaria.
Para combatir el transporte clandestino y asegurar que los vehículos registrados cumplan con las normativas (como el carnet profesional exigido a los automovilistas), el municipio riojano implementó esquemas de control dinámicos. «Desde la Subsecretaría de Transporte están los controles que se están realizando en diferentes puntos estratégicos con operativos flotantes», especificó Stivala, aclarando que, cuando se constata la irregularidad, «se procede directamente a la infracción», aplicando multas económicas pero «no al secuestro» de la unidad por el momento.
A pesar de las complejidades técnicas y los grises en materia de seguridad para las motos, la postura política de la administración riojana respecto a las plataformas digitales de transporte es pragmática, entendiendo que la prohibición absoluta resulta inconducente frente a la demanda de la sociedad.
Consultada sobre si la experiencia de su ciudad dicta que es mejor prohibir o permitir, Stivala concluyó con un mensaje que resuena con fuerza en los debates legislativos de Catamarca: «Siempre es mejor permitir, porque la realidad es que los chicos igual se toman estos transportes. Entonces lo mejor es tener la regulación y el control para que puedan estar protegidos, y para que podamos tener un control también».
