Diputados dio media sanción al Registro Público de Agresores Sexuales para fortalecer la prevención y la protección de las víctimas

La Cámara de Diputados de Catamarca dio media sanción al proyecto de ley que crea el Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, una iniciativa unificada de los diputados Exequiel Moreno y Natalia Saseta, que funcionará en el ámbito del Poder Judicial bajo la órbita de la Corte de Justicia.

La norma establece la creación de un registro destinado a regular la organización, el funcionamiento y el acceso a la información de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, facilitar la actuación de las autoridades competentes y brindar una mayor protección a la comunidad, especialmente a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Durante el tratamiento del proyecto, el diputado Exequiel Moreno destacó que la iniciativa trasciende cualquier diferencia política y responde a una demanda concreta de la sociedad.

“Ponemos hoy a consideración una iniciativa que vamos a decidir. No se trata de una competencia de autoría, sino de defender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Este proyecto nace de escuchar a una sociedad que reclama que el Estado deje de llegar siempre tarde.”

En ese sentido, el legislador respaldó la necesidad de avanzar con estadísticas que reflejan la magnitud del problema en la provincia.

“Durante el año 2025 ingresaron a la Sala Penal de la Corte de Justicia 139 causas, de las cuales 111 correspondieron a delitos contra la integridad sexual, es decir, el 80% del total de los expedientes. Y en lo que va de este año, la tendencia se mantiene.”

Los fundamentos del proyecto sostienen que la creación del registro constituye una herramienta preventiva que permitirá mejorar los mecanismos de control institucional, fortalecer la seguridad de la comunidad y contribuir a una mayor protección de las potenciales víctimas de delitos contra la integridad sexual, consolidando políticas públicas orientadas a la prevención y al resguardo de los sectores más vulnerables.