Elevan a juicio a cinco policías acusados por la privación ilegítima de la libertad y lesiones graves.

El fiscal de Instrucción N° 2 del Distrito Este, Laureano Palacios, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce, Juan Marcelo Picón y Carlos Eduardo Romero Luján, todos integrantes de la Policía de la Provincia al momento de los hechos ocurridos en julio de 2015 en perjuicio de Ricardo Miguel Paucará. Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón deberán responder como presuntos coautores de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional" y "vejaciones y lesiones graves en concurso ideal", hechos que concurren realmente entre sí.

Por su parte, Carlos Eduardo Romero Luján está imputado como presunto coautor de los delitos de "vejaciones y lesiones graves en concurso ideal". El fiscal consideró concluida la investigación al entender que se reunieron elementos de convicción suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la presunta participación de los cinco imputados en los hechos investigados.

El inicio de la investigación

La causa se inició a partir de un oficio remitido el 24 de julio de 2015 por el entonces juez de Control de Garantías de feria, Mario Rodrigo Morabito, a la Fiscalía General, con copia de una resolución dictada en el marco de un hábeas corpus presentado por Rubén Darío Paucará en representación de Ricardo Miguel Paucará, quien se encontraba privado de su libertad.
Las actuaciones fueron remitidas con el objeto de investigar la posible comisión del delito de privación ilegítima de la libertad. Asimismo, se incorporó una denuncia formulada por Rubén Darío Paucará contra
personal policial.
Durante la tramitación de la causa se registraron diversas incidencias procesales que motivaron la continuidad de la investigación en distintas etapas. Entre ellas, se produjeron declaraciones de nulidad de actos procesales, reformulaciones de los hechos atribuidos y de la calificación legal a partir de nuevos elementos probatorios, la realización de sucesivas audiencias indagatorias, recursos e incidencias promovidos por las partes y múltiples intervenciones del Juzgado de Control de Garantías y de la
Cámara de Apelaciones, que dictaron distintos pronunciamientos a lo largo
del proceso.
En ese contexto, la investigación continuó con la incorporación de nuevas medidas de prueba, entre ellas pericias médicas y psicológicas, inspecciones judiciales, informes técnicos, documentación clínica y otras
diligencias que permitieron consolidar el cuadro probatorio hasta alcanzar el grado de convicción que el fiscal consideró suficiente para requerir la elevación de la causa a juicio.

Los hechos

Según la acusación fiscal, el 20 de julio de 2015, alrededor de las 16:00, Ricardo Miguel Paucará circulaba en un automóvil de alquiler por la intersección de las calles Salta y Chacabuco de la ciudad Capital.
En esas circunstancias, el vehículo fue interceptado por un móvil policial en el que se trasladaban Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón. Los efectivos habrían hecho descender e identificar a Paucará y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría Décima.
De acuerdo con la imputación, el traslado se habría efectuado sin orden y mediante abuso de las funciones policiales. Paucará habría permanecido privado ilegítimamente de su libertad desde aproximadamente las 16:10 del 20 de julio hasta las 13:00 del día siguiente.
La Fiscalía sostiene que, luego del traslado, Paucará fue llevado a una oficina de la dependencia policial. Allí habrían intervenido López, Valdez, Ponce, Picón y Romero Luján, quienes se habrían cubierto el rostro y
sometido a la víctima a agresiones físicas y psicológicas mientras permanecía esposada.
Según la descripción incorporada en el requerimiento, la víctima habría sido obligada a arrodillarse frente a una pared y habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo y azotes con cinturones en las plantas de los  pies durante aproximadamente 30 o 40 minutos.
Como consecuencia de las lesiones sufridas, Paucará debió ser sometido a intervenciones quirúrgicas en la zona abdominal, que incluyeron la resección de un segmento intestinal. La pericia médica estableció un
período de curación e incapacidad de entre 45 y 60 días. Asimismo, una pericia psicológica realizada por profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense determinó la existencia de daño psíquico.

La prueba reunida

Durante la Investigación Penal Preparatoria se incorporaron, entre otros elementos, el hábeas corpus presentado en favor de Ricardo Miguel Paucará, denuncias, declaraciones testimoniales, libros de guardia de las dependencias policiales, informes de la Policía de la Provincia y del Comando Radioeléctrico, exámenes médicos, historias clínicas, informes de profesionales del Hospital Interzonal San Juan Bautista y pericias médicas y psicológicas.

También se realizaron una inspección ocular en la Comisaría Décima, informes socioambientales y otras medidas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo la detención y las lesiones constatadas en la víctima.