Tras las intensas nevadas que dejaron a más de 200 personas varadas en la zona del Balcón del Pissis, en la cordillera catamarqueña, la Justicia puso en marcha una actuación preliminar para establecer las circunstancias del hecho. Así lo confirmó el fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial en Tinogasta, Dr. Jorge Barros Risatti, quien precisó los alcances legales de la medida y las posibles responsabilidades de los prestadores de servicios turísticos.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la intervención se inició a partir del conocimiento de la alerta meteorológica y la presencia de personas varadas en la zona alta:
"Comenzamos a diagramar una información preliminar para tener, en caso de producirse algún delito investigable por el Ministerio Público, la información necesaria para determinar qué tipo de delito es, quiénes son los autores y las condiciones en que se produjeron."
No obstante, Barros Risatti llevó tranquilidad al aclarar el estado actual del expediente:
"Gracias a Dios, hasta el momento, en lo que tenemos de información, no hubo ningún delito investigable de oficio por parte de esta Fiscalía. Tampoco hubo denuncias en particular para realizar una investigación que amerite la intervención de este Ministerio."
El fiscal detalló que el trabajo de la fiscalía se centró en "chequear la información de qué personas estaban en Alta Cordillera, si eran prestadores de servicios turísticos o particulares, y tener todos los datos en relación a lo que estaban realizando en aquella zona", además de colaborar en la logística de rescate junto al Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Durante la entrevista, el fiscal hizo especial hincapié en la existencia de un marco normativo vigente tanto a nivel nacional como provincial que regula el turismo de montaña, destacando la Ley Provincial N° 5391 (Ley de Guías de Turismo).
"El artículo 11 establece que el guía tiene la obligación de evitar poner en riesgo la vida o salud de los turistas que estén a su cargo, y no abandonarlos. Es una obligación que tienen todos los guías y que genera una sanción, si bien no penal —salvo un suceso de importancia para el Código Penal—, sí una sanción administrativa."
Asimismo, se refirió a la Ley de Guías de Alta Montaña y a la normativa de Montaña Libre (Ley N° 5811), recordando que los guías están obligados a conocer los pronósticos meteorológicos de la zona previa a la expedición:
"Tienen que tener conocimiento del estado del tiempo y del pronóstico para la zona donde van a realizar la actividad, justamente con la finalidad de no poner en riesgo la vida de los turistas."
Uno de los puntos más críticos abordados fue la inconsistencia en el número de personas atrapadas durante el operativo —cuyas estimaciones variaron de 100 a más de 210 personas—, lo que evidencia la ausencia de un registro exhaustivo de ingresos al circuito de los Seismiles.
Consultado sobre si existe un control sistemático de vehículos y pasajeros que se adentran en la cordillera, el fiscal señaló:
"No. En algún momento se lo hace de acuerdo a las posibilidades que tiene el municipio en el Kilómetro 0, que es el lugar de acceso. También hay una invitación a registrarse en la página oficial de la Secretaría de Turismo de la Provincia o en comisarías. Pero no hay un registro estricto."
Barros Risatti advirtió sobre la peligrosidad de que particulares y excursionistas no especializados accedan a estas rutas avanzadas:
"La actividad minera permitió un acceso más fácil a través de los caminos que hay, y por lo tanto se aventuran particulares que no tienen conocimiento del lugar. Hay que hacer un trabajo articulado entre municipio, provincia y órganos de seguridad para hacer la custodia, información y control."
