Preocupa el impacto de las adicciones en la salud mental y el aumento de denuncias de padres a hijos

La problemática de las adicciones y su impacto en la salud mental de niños, adolescentes y adultos genera una creciente preocupación en el fuero civil y de familia de la provincia. La jueza de Familia, Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Elizabeth Salas, analizó el panorama actual y el abordaje que realiza la Justicia ante situaciones extremas.

“Es muy preocupante no solamente a nivel institucional, es decir, en el rol que ocupo, sino a nivel social. Es algo que se está viviendo: la afectación en la salud mental no solamente por cuestiones de abuso de sustancias prohibidas o psicotrópicos, sino en general”, advirtió la magistrada en LA BRÚJULA quien remarcó que las adicciones repercuten directamente en la conducta y producen un “riesgo para sí o para terceros”.

El protocolo judicial y las internaciones involuntarias

Ante la consulta sobre el accionar de la Justicia frente a casos graves —como los detectados en la Maternidad o el Hospital de Niños—, la Dra. Salas explicó que el fuero se rige estrictamente por la Ley Nacional y Provincial de Salud Mental, cuyo eje es el respeto de los derechos humanos y la dignidad del paciente.

“Nuestra competencia es muy clara: intervenimos en todo aquello que viene a través de alguna denuncia o acción y esté atravesada por una afectación de salud mental. Por un lado, tenemos la competencia del control legal de las internaciones involuntarias”, indicó Salas. Y añadió: “Nosotros controlamos la legalidad. Una persona que está afectada en su salud mental no puede ser privada de la libertad estando en una internación involuntaria. Controlamos que esa persona sea asistida por un defensor y ponemos en conocimiento al Órgano de Revisión de Salud Mental”.

En los casos de denuncias por violencia o actuaciones de oficio donde se detecta un riesgo inminente, la magistrada detalló que la Justicia dispone medidas urgentes articuladas con el sistema sanitario: “Damos una medida que es que le hagan un diagnóstico a esta persona. Intervienen varios organismos, por ejemplo el SAME, para que se le haga el diagnóstico respetando la Ley de Salud Mental, para que nos digan si hay un diagnóstico para que nosotros demos... porque nosotros no podemos imponer una internación involuntaria por sí sola”.

Abordaje integral y el estigma de la internación

La jueza enfatizó que el consumo problemático no debe ser abordado desde una perspectiva punitiva ni estigmatizante, sino como un problema complejo de salud pública que requiere una mirada holística.

“A toda afectación de salud mental sea por abuso de sustancias tenemos que darle una mirada holística, es decir integral, de por qué esas personas llegan a eso. Nadie se perjudica con intención. Todas las personas que tienen algún tipo de adicción o consumo problemático de alcohol no lo hacen desde el lugar de 'lo hago por dañar'”, reflexionó.

Asimismo, la Dra. Salas buscó desmitificar el concepto de internación en el fuero civil: “La internación en salud mental no es una cama. Hay un desconocimiento de que uno tiene que estar acostadito y con un suero. Tiene que ver con una intervención interdisciplinaria. Hay que sacarse un poquito de la cabeza eso de que la internación es el paradigma viejo donde las personas estaban prácticamente encarceladas”.

Preocupante incremento de denuncias intrafamiliares

Al ser consultada sobre la evolución de las causas desde la apertura de su juzgado el pasado 1 de marzo, la magistrada confirmó que la problemática de las adicciones atraviesa la mayoría de los expedientes de violencia familiar y relacional, destacando una tendencia emergente.

“Lamentablemente estamos viendo que esta causa está muy presente en las violencias y sobre todo en adicciones. Lo que sí me animo a decir que está creciendo son los casos de adultos mayores que denuncian a sus hijos. La familia ya es como que le desborda las cuestiones que tienen que ver con la salud mental de los hijos, de una franja de 18 a 25 años y también de más grandes”, sostuvo.

Finalmente, la jueza remarcó que la resolución de este flagelo requiere el compromiso de múltiples actores estatales y comunitarios: “Nosotros como Poder Judicial podemos tomar todas las medidas, pero la violencia o el flagelo de las adicciones no lo va a resolver uno solo ni una sola disciplina. Si tenemos una política pública de hace cinco años, hoy ya no funciona”.