A más de un año del escándalo que se desató por un lote de fentanilo contaminado, que generó alrededor de un centenar de muertes, el Gobierno confía en dar vuelta la página con una serie de acciones.
Se trata de movimientos que van desde un proyecto de ley hasta cambios en dos áreas claves para que el tema no se repita, pasando por auditorías de carácter interno.
Tal como supo la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo se encargó de pulir, con intervenciones de índole técnica del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, la iniciativa que tuvo dictamen esta semana.
Con la firma de Silvana Giudici (LLA), la gestión libertaria quiere que sea ley el texto que crea el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo.
Fuentes libertarias confían en que este órgano evitará los pases de facturas y los dardos cruzados entre diferentes organismos, algo que se reflejó en los medios en 2025.
En concreto, ANMAT y el Ministerio de Seguridad quedaron expuestos por la ausencia de control de trazabilidad del lote que desencadenó fallecimientos, 90 confirmados, y afecciones.
Un tema que es objeto de investigación judicial por parte del juez federal Ernesto Kreplak, quien se encargará de determinar responsabilidades.
Este sistema impactará en un ministro, sin lugar a dudas. Se trata de Federico Sturzenegger, a cargo de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Todavía hay funcionarios que lamentan sus expresiones sobre el órgano que supo manejar Nélida Agustina Bisio en medio de la escalada de muertes y su idea de prescindir de un órgano clave.
“El ANMAT dice ‘yo voy a cuidar los medicamentos’ y falló porque el señor del laboratorio era un amigo del poder. Entonces, el ANMAT me desprotegió”, reflexionó en su momento, con otra frase: “El ANMAT me decía que revisaba el fentanilo. Si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor”.
Otro eje que tiene la gestión libertaria en su radar es el de profesionalizar y mejorar tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Se esperan anuncios en ese sentido en las próximas semanas y luego de que sus dos ex jefas, Bisio y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, hayan quedado procesadas a raíz del medicamento adulterado.
En la actualidad, el expediente se concentra en la responsabilidad que tuvo Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A, las dos firmas productoras del medicamento de la polémica. El empresario, ante la Cámara Federal de La Plata el último jueves, apeló la ampliación de su procesamiento junto con otras 13 personas implicadas en el expediente.
FUENTE: NA
