El abogado y especialista Ariel Trinadori analiza la crisis de las pensiones y la brecha entre los derechos constitucionales y la realidad económica de las familias. Sostiene que sin una solución de fondo, el debate se repetirá a fines de 2026 cuando venza la ley actual.
Actualidad09 de septiembre de 2025
La reciente implementación de una ley de emergencia en discapacidad, si bien es vista como una respuesta "imperiosa" a la coyuntura de suspensiones de pensiones y desactualización de prestaciones, no solucionará el problema de fondo y solo actúa como un "parche" temporal. Así lo advirtió Ariel Trinadori, abogado y profesor de la Universidad Austral, quien instó a aprovechar el consenso legislativo para diseñar políticas de Estado que brinden una solución definitiva y sostenible al sector.
La problemática actual se centra en la suspensión y baja de pensiones por discapacidad, lo que ha sumido a miles de familias en trámites burocráticos desgastantes. Según el especialista, esta situación evidencia una "enorme" brecha entre los derechos garantizados por la Constitución Nacional y la realidad que viven las personas con discapacidad, quienes a menudo deben recurrir a la Justicia para que se les reconozcan sus derechos. "Si a la situación que cada una de estas personas lleva le sumamos esta lucha constante (...), provoca realmente un desgaste innecesario y a la vez muy injusto", afirmó en LA BRÚJULA
Desde una perspectiva económica, la crisis no solo afecta a los beneficiarios directos. La desactualización de las prestaciones había provocado un deterioro en la calidad de los servicios de salud, ya que muchos profesionales, ante la baja retribución, preferían no atender a esta población. La ley de emergencia atiende esta urgencia, pero su vigencia hasta diciembre del próximo año genera incertidumbre. "Antes de diciembre del año que viene estaremos hablando nuevamente del mismo tema", coincidieron en la entrevista.
La necesidad de una política de Estado
Para Trinadori, la única salida sostenible es la creación de "políticas de estado que trasciendan a la política partidaria". Criticó que las auditorías implementadas por el gobierno actual, aunque pueden ser una herramienta válida del Estado, se realizaron de una manera que denota "cierta deshumanización" al no considerar situaciones permanentes e irreversibles, afectando a justos por pecadores.
Como hoja de ruta, el especialista propuso utilizar las observaciones que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas realizó a la Argentina en marzo de 2023. Este documento, elaborado con informes del propio Estado y de la sociedad civil, puede servir de "brújula" para que los legisladores identifiquen las falencias y trabajen en soluciones a largo plazo.
Finalmente, se destacó la magnitud del desafío: se estima que en Argentina hay alrededor de seis millones de personas con discapacidad, pero solo cerca de dos millones cuentan con el certificado único de discapacidad (CUD). Esto demuestra que "hay mucho para trabajar" para garantizar la dignidad y los derechos de un sector de la población históricamente postergado.
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